Conocí a Rubén Rocha Moya. No puedo decir que lo haya conocido de cerca, pero lo traté lo suficiente para conservar una imagen suya y, sobre todo, para comprender el concepto que muchos tenían de él. Lo vi acompañando a mi amigo Jesús Aguilar Padilla cuando era gobernador de Sinaloa. Coincidimos y departimos alguna vez en grupo. Recuerdo que algunos de quienes lo rodeaban le decían “Rochita”, con cariño y consideración.
Hablaban de un hombre diligente, de buena pluma, capaz de ordenar ideas y construir discursos. “Es un buen hombre”, añadían otros. Quiero comenzar por ahí porque no me interesa fabricar una caricatura retrospectiva ni presentar como inevitable lo que ocurrió después. Sería demasiado sencillo reconstruir al personaje desde las sombras que hoy rodean su trayectoria. Lo verdaderamente importante —y también lo más difícil— es intentar comprender qué puede sucederle a una persona inteligente, preparada y acaso bien intencionada cuando llega a una posición desde la cual cree conocer el poder, pero en realidad sólo ha conocido algunas de sus representaciones.
Conocí a Rubén Rocha y, como a él, a muchos otros. Creo entender, al menos en parte, qué les pasó.
Un político entrenado, a diferencia de un buen intelectual o de un directivo escolar, aprende a distinguir con malicia —es decir, con cautela, experiencia y sentido de la sospecha— la maldad en los otros. No necesariamente porque sea malo, sino porque sabe que el poder no se ejerce entre intenciones declaradas, sino entre intereses, capacidades, amenazas y consecuencias. Un intelectual puede reconocer intenciones superficiales; un directivo puede ordenar una institución y resolver conflictos visibles. Pero difícilmente, sin una experiencia política prolongada, alcanza a comprender las condiciones profundas y las consecuencias del uso del poder.
El poder es extraordinariamente difícil de descifrar. Se oculta detrás de sus apariencias. La gestión se parece al poder. La cercanía con quienes mandan se parece al poder. El cargo, la jerarquía, el presupuesto, la imagen pública, los vínculos personales, la movilización y el dinero también pueden confundirse con él. Pero ninguno de esos elementos, por sí solo, constituye poder verdadero.
Gestionar es administrar recursos dentro de un orden conocido. Gobernar es tomar decisiones cuando ese orden entra en tensión y hacerlo sin destruir la autoridad, la legalidad ni las condiciones de convivencia. La influencia permite acercarse a una decisión; el poder obliga a asumir sus consecuencias. El dinero compra adhesiones, pero no legitimidad. Las armas producen temor, pero no autoridad. Una multitud puede llenar una plaza sin constituir ciudadanía. La cercanía con una jerarquía superior ofrece protección temporal, pero no garantiza autonomía.
El cargo es quizá la más engañosa de todas esas representaciones. Entrega facultades, ceremonial, presupuesto, colaboradores y capacidad de dar instrucciones. Sin embargo, ocupar un cargo no significa necesariamente comprender las fuerzas que convergen sobre él. El verdadero poder aparece cuando los intereses chocan, cuando los aliados dejan de obedecer, cuando las decisiones provocan consecuencias imprevistas y cuando el gobernante debe elegir no sólo lo que quiere hacer, sino aquello que no puede permitirse hacer nunca. Gobernar no consiste únicamente en conseguir que las cosas ocurran. Consiste también en impedir que suceda lo irreparable.
En Sinaloa, definir el poder es todavía más complejo. Aquí se ejerce en medio de empresas legales e ilegales; de capitales construidos dentro de la ley y fortunas cuyo origen puede resultar inexplicable; de organizaciones políticas, redes familiares, estructuras económicas y poderes territoriales con capacidad de imponer miedo, silencio o condiciones.
Las empresas legales y las ilegales pueden compartir algunas apariencias: recursos, información, logística, vínculos, presencia territorial e incluso capacidad para ofrecer empleos o resolver necesidades inmediatas. Pero existe entre ellas una diferencia esencial. La empresa legal actúa dentro de un orden público que puede regularla, vigilarla y sancionarla. La ilegal busca construir un orden privado por encima de la ley. No reconoce ciudadanos, sino lealtades; no establece derechos, sino deudas; no ofrece estabilidad, sino protección condicionada. Cuando el poder político comienza a tratar ambos mundos como si fueran interlocutores equivalentes, ya ha cedido una parte de su autoridad.
Tomar partido por la ley puede tener costos. Puede producir rupturas, amenazas, desencuentros, pérdida de apoyos, conflictos con grupos poderosos e incluso riesgos personales. Pero el beneficio de no cruzar determinadas fronteras éticas siempre será mayor. Quien permanece dentro de la ley conserva su libertad para decidir. Quien la cruza adquiere una deuda clandestina. Y toda deuda clandestina termina convirtiéndose primero en dependencia, después en silencio y finalmente en sometimiento.
Por eso la ética no es un adorno del discurso ni una ingenuidad propia de quienes desconocen la crudeza de la política. En lugares como Sinaloa, la ética es una forma superior de inteligencia estratégica. Los límites pueden reducir las opciones inmediatas del gobernante, pero preservan su autonomía futura. La primera concesión fuera de la ley puede resolver una coyuntura; al mismo tiempo abre la puerta al chantaje que habrá de perseguirlo durante todo su gobierno. La frontera ética no debilita al poder. Lo protege de aquello que pretende devorarlo.
Rubén Rocha conoció varias estaciones del poder antes de llegar a la gubernatura. Fue académico, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dirigente político, legislador y coordinador general de asesores de Jesús Aguilar Padilla. No era, por tanto, un recién llegado a la política. Había dirigido la máxima casa de estudios del estado y había ocupado un lugar relevante dentro del equipo político conocido como “Badiraguato”. Su trayectoria no puede reducirse a la de un intelectual que un día fue llevado, sin preparación alguna, a la administración pública. Ésa es precisamente la complejidad del caso.
Rocha y Héctor Melesio Cuén compartían origen, amigos, espacios de influencia y una larga historia de coincidencias y confrontaciones. Ambos conocían la Universidad, sus redes y sus códigos. Ambos habían aprendido que la política sinaloense no se limita a los discursos públicos. Sin embargo, conocer un territorio y sus relaciones no significa necesariamente comprender el poder que se despliega sobre él.
Rocha fue rector y hombre fuerte de un grupo político. Cuén fue también un actor de enorme presencia, con capacidad de organización, audacia y una comprensión práctica de las relaciones de fuerza. No se trataba de dos desconocidos que se encontraron de pronto en una disputa. Se trataba de dos hombres formados en un mismo ambiente, vinculados por amigos y adversarios comunes, y separados por una lucha política cada vez más compleja.
Él mismo reconoció años después que junto a Aguilar tuvo su primera experiencia propiamente gubernamental y que allí comprendió que no era lo mismo escribir libros que escribir discursos. El propio Gobierno de Sinaloa documentó esa relación y ese aprendizaje.
Como asesor, Rocha opinaba, argumentaba, redactaba y proponía. Estaba cerca de las decisiones, pero no era quien debía tomarlas. Como rector, dirigió una institución compleja y disputó espacios de poder. Pero gobernar un estado implica enfrentar fuerzas que no se subordinan a una comunidad académica, a una estructura partidista ni a una relación personal.
Un asesor puede corregir una frase; un gobernante tiene que responder por una alianza. Un rector puede ordenar una institución; un gobernador debe decidir cuando todos los actores se presionan entre sí y parecen conducirse hacia el mismo rumbo y el mismo puerto. Una opinión puede modificarse; una decisión de poder produce intereses, agravios y compromisos que después adquieren vida propia.
Desde donde yo lo observé, Rocha conoció el gobierno principalmente desde la inteligencia, la palabra y la conducción institucional. Aprendió a interpretar la coyuntura y a construir el discurso que la explicaba. Pero gobernar no consiste sólo en interpretar. A veces gobernar es huir hacia adelante: tomar distancia de lo propio, no arraigarse demasiado en las lealtades heredadas, romper con quienes parecen cercanos y elegir una dirección antes de que las fuerzas en conflicto terminen imponiéndola. La política exige, en ocasiones, abandonar el lugar de origen para no quedar atrapado por él.
También chocó con Héctor Melesio Cuén en las disputas por el control político de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Según recuerdo aquellos años, Cuén le ganó varias partidas. Comprendía mejor la organización territorial, la operación universitaria y el tejido de intereses concretos. Rocha, en cambio, parecía moverse con mayor comodidad en el terreno de las ideas, el análisis y la escritura. Después encontró respaldo y nuevos espacios en un sector más democrático del PRI sinaloense. Hizo amigos, recuperó presencia y continuó su trayectoria.
Quizá allí aprendió mucho sobre la gestión, los vínculos y la supervivencia política. Tal vez aprendió también una lección incompleta: que las relaciones podían rescatar a un político, que una jerarquía superior compensaba las debilidades propias y que los acuerdos personales podían sustituir la falta de una estructura autónoma. Pero sobrevivir dentro de la política no equivale a comprender la naturaleza del poder.
Cuén, por su parte, fue amigo de muchas personas importantes. Era un hombre muy respetado y, al mismo tiempo, audaz. No lo describiría como un hombre maloso, y mucho menos como un maldito. Fue, me consta, una buena persona. Esa afirmación no elimina sus ambiciones, sus errores ni sus confrontaciones. Pero obliga a distinguir entre la malicia política y la maldad moral.
Cuén podía ser malicioso en el sentido político: sabía leer las intenciones, anticipar movimientos, medir riesgos y actuar con audacia. Eso no lo convertía en un hombre malo. La política suele exigir una forma de desconfianza que, vista desde fuera, puede confundirse con perversidad. Pero no toda astucia es crueldad, ni toda firmeza es maldad.
Con Héctor Melesio Cuén compartí una experiencia que forma parte de mi memoria política y de mi responsabilidad personal al hablar de él. En 2012 fuimos candidatos al Senado de la República en fórmula. Perdimos; quedamos en tercer lugar. Esa campaña me permitió conocerlo en una circunstancia distinta de la disputa universitaria o de las narraciones posteriores sobre su figura. Lo vi como compañero, como candidato y como hombre sometido a las presiones de una contienda electoral difícil.
Por eso no puedo hablar de Cuén únicamente desde la distancia de los expedientes o de las versiones políticas. Lo conocí en el trato directo. Sé que era preparado, audaz y capaz de moverse en terrenos complejos. También sé que fue una buena persona. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.
Sucede con algunos seres humanos de alto intelecto: observan la política desde cierta altura y llegan a creer que poder describirla significa poder dominarla. Conocen sus teorías, explican sus contradicciones, escriben sobre sus actores y juzgan los errores de quienes gobiernan. Cuando les llega el turno de ejercer, descubren que la política no sólo tiene un lenguaje conceptual. También posee códigos territoriales, silencios, amenazas, intereses ocultos y poderes que nunca revelan por completo sus propósitos. Desde fuera, el poder parece una estructura. Desde dentro, es una sucesión de incertidumbres.
El intelectual que llega al gobierno puede suponer que nombrar una fuerza equivale a comprenderla. El gobernante experimentado sabe que una fuerza sólo se conoce cuando se ha medido su autonomía, su capacidad de daño y aquello que hará cuando deje de sentirse protegida.
Un político entrenado aprende, además, a distinguir entre quien se equivoca, quien calcula, quien amenaza, quien espera y quien ya ha decidido actuar. Aprende que la maldad rara vez se presenta como maldad. Se disfraza de necesidad, de lealtad, de protección, de pragmatismo o de defensa del grupo. El problema no consiste sólo en reconocer las intenciones declaradas, sino en anticipar las consecuencias que esas intenciones pueden producir cuando se combinan con dinero, armas, territorio y ausencia de límites.
Imagino que una parte de la izquierda movilizadora calculó así su llegada al poder: ya llegamos; ahora debemos sostenernos. Reclutemos a quienes puedan acompañarnos, incorporemos a los disponibles, aislemos a los intermediarios incómodos, neutralicemos a los extremos y distribuyamos posiciones. Ocupemos las instituciones, administremos el presupuesto, organicemos la movilización y convirtamos la victoria electoral en permanencia política. Ese razonamiento puede ser eficaz para conquistar un gobierno. No basta para construir un Estado.
Un movimiento puede premiar la fidelidad; el Estado debe exigir capacidad. Un partido puede vivir de una identidad compartida; el gobierno necesita información verdadera. Una campaña puede dividir la realidad entre aliados y adversarios; el poder público tiene la obligación de reconocer intereses económicos, sociales, territoriales, nacionales e internacionales que no desaparecen porque un grupo haya ganado las elecciones.
Cuando esa distinción se pierde, el gobierno se llena de lealtades, pero se vacía de inteligencia. Quienes realmente saben comienzan a callar porque alrededor del silencio crecen intereses. Quienes no saben hablan demasiado, repiten certezas improvisadas y convierten la lisonja en método de gobierno. Otros llenan las plazas mediante favores menores, empleos, contratos o pequeñas cantidades. El gobernante termina confundiendo aquella escenografía con respaldo, la obediencia con control y el silencio con estabilidad. Ése es uno de los momentos más peligrosos del poder: cuando deja de recibir información y comienza a escuchar solamente confirmaciones.
La información verdadera no es el reporte amable que un funcionario coloca sobre el escritorio. Es aquello que contradice al gobernante. Lo que le advierte que su interpretación puede estar equivocada, que un colaborador miente, que un aliado juega en varias pistas, que un grupo ha adquirido demasiada autonomía o que una decisión está produciendo consecuencias distintas de las previstas. El poder sin información se convierte en una alucinación respaldada por recursos públicos.
Existen rituales de gobierno que algunos políticos desdeñan porque los consideran propios de otras épocas: deliberaciones contradictorias, partes de seguridad, análisis de riesgos, revisión jurídica, consultas con actores incómodos y conversaciones con quienes no pertenecen al círculo de confianza. Esos rituales no son formalidades burocráticas. Son los órganos sensoriales del Estado.
Cuando el gobernante renuncia a ellos, pierde primero la vista y después el rumbo. Puede ser culto, ilustrado y poseer una gran capacidad discursiva. Nada de eso lo salva de decidir a oscuras. Entonces comienza el laberinto. Primero se debilita el imperio de la conciencia: el gobernante deja de preguntarse si algo es correcto y sólo calcula si puede hacerlo. Después se relativiza el imperio de la ley: la norma comienza a verse como un obstáculo negociable. Más tarde aparecen las exigencias del partido, las jerarquías políticas, los intereses económicos y las relaciones personales. Finalmente irrumpen los poderes mayores: aquellos que tienen armas, dinero, territorio, información o capacidad para actuar más allá de la coyuntura local.
Cada uno obedece reglas diferentes. La conciencia exige congruencia. La ley establece límites. El partido reclama lealtad. La jerarquía demanda disciplina. La economía busca rentabilidad. Las organizaciones ilegales imponen protección, silencio y obediencia. Los poderes extranjeros actúan conforme a intereses estratégicos que ningún gobernador puede controlar. Quien intenta mezclar todos esos planos y administrarlos mediante relaciones personales termina atrapado por cada uno de ellos.
La empresa ilegal ofrece precisamente aquello que puede seducir a quien posee una concepción aproximada del poder: dinero, armas, información, movilización, control territorial y capacidad de respuesta inmediata. Pero todo eso constituye una simulación. La organización ilegal no entrega poder al político; se lo presta a cambio de penetrar sus decisiones. No fortalece al Estado; lo coloniza. No se convierte en aliada del gobernante; lo transforma en deudor. El político puede creer que la utiliza. Casi siempre termina siendo utilizado por ella.
No sé exactamente qué ocurrió con Rubén Rocha. No estuve en las reuniones que describen los expedientes ni conozco el alcance de todas las pruebas. No pretendo convertir versiones, acusaciones o sospechas en hechos acreditados.
En abril de 2026, fiscales federales de Estados Unidos presentaron una acusación formal contra Rocha y otros nueve funcionarios y exfuncionarios. El expediente sostiene que existió un acuerdo de protección y contraprestaciones con Los Chapitos y que esa organización intervino ilegalmente en el proceso electoral de 2021. Son imputaciones de enorme gravedad, pero continúan siendo acusaciones que deben probarse ante un tribunal. El propio Departamento de Justicia estadounidense reconoce que rige la presunción de inocencia. La acusación y sus alcances pueden consultarse en el comunicado oficial.
Rocha ha negado esas imputaciones y ha sostenido que es inocente. Su posición pública quedó reiterada al anunciar su regreso al gobierno. Corresponde a las autoridades investigar y a los tribunales determinar qué puede demostrarse. Una acusación estadounidense no es una sentencia, pero tampoco puede reducirse a una intriga o a un rumor político.
Estados Unidos no es un árbitro moral infalible ni sus fiscales pueden sustituir a la justicia mexicana. Pero la defensa de la soberanía tampoco puede convertirse en una coartada para la opacidad. La respuesta verdaderamente soberana consiste en investigar con independencia, capacidad y credibilidad; no en negar de manera automática aquello que resulta políticamente incómodo.
La presunción de inocencia protege a una persona frente al castigo sin pruebas. No establece una presunción de buen gobierno.
La responsabilidad penal y la responsabilidad política pertenecen a planos distintos. Un gobernante puede no resultar penalmente responsable y, sin embargo, responder políticamente por no haber entendido las fuerzas que crecían dentro de su administración; por haber escogido mal a sus colaboradores; por no haber protegido las instituciones; por tolerar la degradación de la autoridad o por ser incapaz de explicar convincentemente lo ocurrido.
Sin pruebas no puede haber condena. Sin respuestas tampoco puede haber legitimidad.
El asesinato de Héctor Melesio Cuén profundizó esa crisis de confianza. Quienes lo conocimos sabemos que su confrontación con Rocha fue pública, prolongada y profunda. Precisamente por conocerla debemos evitar inferencias fáciles: una rivalidad política constituye un contexto, no una prueba de responsabilidad criminal.
Sin embargo, la versión inicial de la Fiscalía de Sinaloa sobre el asesinato de Cuén fue después desacreditada por la investigación federal, que situó su muerte en un lugar y unas circunstancias distintos. La FGR sostuvo que Cuén fue asesinado en Huertos del Pedregal y rechazó la narración del ataque en una gasolinera. Eso no prueba que Rocha hubiera ordenado, conocido o participado en algún encubrimiento. Pero sí revela una fractura institucional que el gobierno nunca consiguió explicar de manera satisfactoria.
Es necesario no confundir expedientes. La acusación estadounidense no imputa a Rocha el homicidio de Cuén. Las contradicciones del caso Cuén tampoco demuestran, por sí mismas, los cargos formulados en Nueva York. Pero ambos acontecimientos convergen políticamente en un mismo punto: la pérdida de confianza en las instituciones encargadas de proteger a los sinaloenses y de decirles la verdad.
¿Qué ocurrió alrededor de Rubén Rocha? ¿Qué sabía? ¿Qué información no recibió? ¿Qué toleraron sus colaboradores? ¿Quiénes utilizaron su nombre? ¿Qué relaciones creyó controlar y terminaron condicionando a su gobierno? ¿En qué momento dejaron de estar claramente delimitadas las fronteras entre movimiento, partido, administración, intereses privados y poderes ilegales?
No conozco todas las respuestas. Lo que sí sabemos es que las explicaciones ofrecidas no han logrado restituir la certeza. Cuando los ciudadanos dejan de distinguir dónde termina el gobierno y dónde comienzan los poderes que deberían ser contenidos por él, el Estado ha perdido una parte esencial de su autoridad.
Por eso la imagen de aquel “Rochita” diligente, afable y considerado un buen hombre provoca hoy tanta confusión. No sabemos si cambió el hombre, si el poder reveló dimensiones que antes no conocíamos o si simplemente fue rebasado por una realidad que nunca alcanzó a comprender.
Tal vez creyó que las relaciones acumuladas durante años bastarían para recorrer el laberinto. Pero el poder no admite diminutivos. Actúa con nombres completos, firmas y consecuencias.
Quienes conocimos a Cuén, quienes convivimos con políticos poderosos de nuestro estado y quienes escuchamos a muchos de ellos llamar “Rochita” a Rubén Rocha entendemos que la política requiere flexibilidad. No todo acuerdo es una claudicación. No toda conversación implica complicidad. No toda negociación supone identidad de intereses. Gobernar obliga a dialogar incluso con actores que uno jamás elegiría como compañeros de camino. Pero la flexibilidad sólo es democrática cuando tiene límites.
En Sinaloa, un gobernante no puede escoger el mapa social que le corresponde gobernar. Debe actuar frente a empresarios legales, organizaciones sociales, comunidades, cacicazgos y poderes ilegales cuya presencia constituye una realidad. Reconocer esa realidad no significa legitimarla. Conocer no es pactar. Contener no es proteger. La coexistencia impuesta por el territorio no puede convertirse en alianza política ni en convivencia normativa.
Tomar partido por la ley puede provocar costos y confrontaciones. Aun así, siempre será mayor el beneficio de no cruzar ciertas fronteras. La ley mantiene abiertas las salidas institucionales; los acuerdos ilegales las clausuran. La ley puede dejar solo al gobernante durante una coyuntura; la ilegalidad lo acompaña únicamente para impedirle escapar.
Durante demasiado tiempo, Sinaloa aprendió a vivir entre silencios, eufemismos y relativismos. Se decía que ciertas relaciones eran inevitables, que había realidades que convenía administrar antes que confrontar y que gobernar el estado obligaba a aceptar algunas zonas grises. Tal vez ese pragmatismo permitió conservar equilibrios temporales. También contribuyó a normalizar la confusión que hoy padecemos. Ya no podemos seguir así.
Sinaloa no acepta ni admite más relativismos políticos, legales, éticos o morales. Cuando la violencia se convierte en paisaje, la impunidad en moneda y la sospecha de complicidad en la gramática general del poder, pedirle a la sociedad que comprenda la complejidad equivale a exigirle que renuncie a la verdad. Las zonas grises no pueden ocuparlo todo.
No escribo estas líneas para dictar sentencia contra Rubén Rocha Moya. Las escribo porque su trayectoria permite observar el naufragio de una concepción aproximada del poder: la de quienes creyeron que gobernar consistía en administrar presupuesto, acumular relaciones, movilizar simpatizantes y contar con la protección de una jerarquía superior. La de quienes confundieron cercanía con conocimiento, obediencia con lealtad, silencio con paz y fuerza ilegal con un poder que podía utilizarse o mantenerse bajo control.
El poder verdadero comienza por reconocer sus límites. Necesita información que incomode, instituciones que contradigan, leyes que impidan, colaboradores que adviertan y una conciencia capaz de decir no, incluso cuando todo alrededor recomienda aceptar.
El poder no consiste en poder cruzar todas las fronteras. Consiste en conservar la capacidad de no cruzarlas.
Al final, el relativismo político termina donde comienzan los hechos, los expedientes y las víctimas. Lo real está ahí: la violencia, el miedo, la pérdida de confianza, la degradación institucional y las preguntas que ningún discurso ha conseguido disipar.
Sinaloa necesita investigaciones creíbles, responsabilidades claras y una separación inequívoca entre familia, partido, gobierno, negocios privados y poderes ilegales. No necesita otra explicación tranquilizadora de su tragedia.
Quizá ésa sea la última lección del naufragio: el poder que no sabe distinguir termina por confundirse; el poder que no establece límites acaba sometido; y el poder que renuncia a la ley, a la información y a la verdad, tarde o temprano, deja de ser poder. El deber del Estado no es salvar a un gobernante. Es evitar que Sinaloa continúe naufragando con él.