Ayotzinapa y la responsabilidad del poder

Doce años después, hay familias para las que aquella noche todavía no termina. El calendario ha seguido su curso; los muchachos permanecen en las fotografías con la edad que tenían cuando fueron arrancados de su vida. Sus padres han envejecido buscándolos. México ha cambiado de gobiernos, de consignas y de promesas, mientras ellos siguen reclamando una respuesta que debería estar en el origen de cualquier autoridad legítima: qué hicieron con sus hijos.

Entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 fueron asesinadas seis personas en los ataques de Iguala, entre ellas los normalistas Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes. Otros 43 estudiantes fueron desaparecidos. Conmemorar exige nombrar a los muertos y sostener la búsqueda y el esclarecimiento del destino de los desaparecidos. La memoria debe preservar esa distinción, porque una familia tiene derecho a la verdad sobre su hijo, incluso cuando el poder y el cansancio colectivo quisieran dar por concluida la pregunta.

Aquellos jóvenes se preparaban para enseñar. Esa circunstancia contiene una dimensión particular de la tragedia: en sus proyectos personales estaban también las vidas de los niños a quienes podrían haber acompañado. Había aulas posibles en ese futuro interrumpido. Cada maestro que una comunidad pierde deja una ausencia que rebasa a su familia.

Las normales rurales nacieron de la voluntad de llevar educación al México campesino. La escuela ofrecía una posibilidad de salir de la pobreza y, al mismo tiempo, de volver a la comunidad con herramientas para transformarla. Esa promesa histórica explica la intensidad con que sus estudiantes defienden sus instituciones. También permite comprender por qué reducirlos a un problema de orden público significa desconocer una parte decisiva del país.

Al pensar en ellos regreso a una conversación que marcó mi vida pública. Durante mi responsabilidad al frente de la educación normal, entre 2004 y 2006, tuve como superiores a Julio Rubio y a Reyes Tamez. Ambos habían sido rectores universitarios. Recuerdo que me explicaron el encargo como si me estuvieran nombrando «rector de las normales». Lo fundamental, me dijeron, era cuidar la vida y la seguridad de estudiantes y maestros, junto con su desarrollo académico.

Con los años he entendido mejor el alcance de aquella lección. Había que conocer a las comunidades, escuchar incluso las demandas incómodas y mantener abiertos los interlocutores capaces de advertir un peligro. La autoridad educativa debía hacerse presente antes de que un conflicto terminara en una patrulla, un hospital o una morgue. El cargo obligaba a responder por personas concretas.

La memoria de esa etapa exige reconocer también sus agravios. El 12 de diciembre de 2011, durante la presidencia de Felipe Calderón y el gobierno de Ángel Aguirre en Guerrero, fueron asesinados los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús en el desalojo de una protesta en la Autopista del Sol. Sus nombres pertenecen a esta historia y sus muertes exigen justicia.

Existe, sin embargo, una diferencia sustancial que debe preservarse. En 2011 hubo dos estudiantes asesinados cuyos cuerpos pudieron identificarse. En Iguala, junto a los homicidios conocidos, hubo estudiantes privados de la libertad y desaparecidos: personas a quienes era urgente localizar y proteger, mientras sus familias ignoraban dónde estaban y qué les estaban haciendo. La desaparición añadió el ocultamiento del destino de las víctimas y prolongó la violencia sobre quienes las buscaban. La identificación posterior de restos de tres de los 43 no ha esclarecido lo ocurrido con todos.

Esa diferencia modifica las preguntas sobre la actuación del Estado. Ante noticias de estudiantes capturados y atacados, cada decisión de las primeras horas podía ser determinante. Había que localizarlos, identificar a quienes los retenían y movilizar todos los recursos disponibles para protegerlos. Después correspondía preservar las pruebas y reconstruir la cadena de responsabilidades. La desaparición abrió, además, una incertidumbre que sus familias han tenido que soportar durante doce años.

Por eso, cuando vuelvo a septiembre de 2014, me pregunto qué pasó con la obligación de proteger. ¿Quién recibió las alertas? ¿Qué decisiones tomaron quienes tenían información y atribuciones para intervenir? ¿Por qué las capacidades del Estado no se tradujeron en una protección efectiva de los estudiantes? Esas preguntas deben alcanzar a cada institución según sus facultades y a cada responsable según sus actos.

En 2012 muchos recibimos el regreso del PRI con la expectativa de que su experiencia sirviera para gobernar una sociedad plural. Yo conocía esa escuela política y confiaba en su capacidad para negociar. Después de doce años de alternancia, el país necesitaba corregir insuficiencias y aprovechar lo construido. La experiencia acumulada podía haber sido un punto de partida.

El grupo de Enrique Peña Nieto eligió otra interpretación de su victoria. A mi juicio, tomó la alternancia como una oportunidad para reconstruir una posición hegemónica. El Pacto por México reunió a dirigencias de partidos distintos, pero sus firmas fueron tratadas como si contuvieran el consentimiento del país entero. En educación, ese acuerdo de cúpulas no podía suplir la conversación con quienes sostenían cotidianamente las escuelas. Una mayoría legislativa permite cambiar leyes; construir autoridad entre maestros y comunidades requiere un trabajo que ninguna votación reemplaza.

Ahí ubico una ruptura central. Durante años se habían formado mediaciones entre autoridades, dirigencias sindicales, responsables educativos y comunidades. Había prácticas que corregir y espacios que democratizar. Pero esas relaciones también permitían advertir riesgos, encontrar interlocutores y negociar salidas. Eran niveles de contención frente a la violencia: mecanismos para que el desacuerdo pudiera tramitarse políticamente. Debilitarlos sin construir otros más legítimos y eficaces dejaba a las comunidades expuestas.

Sectores de la élite empresarial tuvieron una participación visible en la agenda que precedió a la reforma. El informe de Mexicanos Primero de 2012 documenta su intervención en el debate público y coloca la recuperación de la rectoría entre sus prioridades. Ya como secretario de Educación, Aurelio Nuño presentó ante empresarios la reorganización política del sistema y el desplazamiento del control sindical como condiciones de la transformación educativa. Esa coincidencia ayuda a entender el horizonte desde el cual se actuó.

Mi crítica se dirige a las consecuencias de esa concepción. Nuño contribuyó, desde el gobierno, a convertir aquella agenda en una política que debilitó mediaciones del sistema educativo. Se tendió a tratar la negociación como una concesión indebida y la resistencia como prueba de que había que endurecerse. La necesidad legítima de mejorar la educación quedó mezclada con una disputa por someter a sus actores. En ese desplazamiento se perdió parte de la capacidad de escuchar y de anticipar los conflictos.

Recuerdo al joven Aurelio de nuestras conversaciones de 2012. Parecía atento, serio, interesado en comprender. El contraste con su actuación posterior todavía me interroga. ¿En qué momento la confianza en las propias ideas se vuelve impermeable a la experiencia ajena? El poder puede encerrar a una persona en un círculo donde cada objeción parece una amenaza y cada aplauso confirma que va por el camino correcto. La responsabilidad de quien gobierna consiste también en resistir ese encierro.

Hay un dato que no debe diluirse: cuando ocurrió Ayotzinapa, Aurelio Nuño era jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. Formaba parte del núcleo cercano a Peña Nieto y participaba en la conducción de su proyecto político. Llegó a la Secretaría de Educación Pública en agosto de 2015; su responsabilidad en el gobierno había comenzado antes.

Si hoy busca volver a la primera línea política y convertirse en vocero de una nueva educación, debe comenzar por reconocer la historia educativa que antes desestimó y examinar su propia gestión. Le corresponde explicar qué aportaron sus decisiones, qué conflictos agravaron y qué capacidades institucionales ayudaron a debilitar. También qué hizo, desde su posición en la Presidencia, ante una tragedia que comprometía al gobierno del que formaba parte. La memoria pública no puede organizarse como una selección de méritos personales de la que se excluyen los costos colectivos.

El vínculo entre ambas historias debe formularse con rigor. La reforma educativa no explica por sí sola el crimen de Iguala, atravesado por la delincuencia organizada y la participación de agentes estatales. Las responsabilidades penales deben probarse e individualizarse. La responsabilidad política exige, además, examinar el modo de gobernar, las prioridades adoptadas y la respuesta de quienes ocupaban posiciones decisivas. Ahí se cruzan Ayotzinapa y la historia del poder que Nuño compartió.

Las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes muestran que distintas autoridades conocieron en tiempo real los movimientos de los estudiantes y los ataques. Su informe de 2023 documentó también el conocimiento previo de vínculos entre autoridades locales y delincuencia organizada. Ante esos hallazgos, atribuirlo todo a una falla de comunicación resulta insuficiente. Había información y había instituciones; es indispensable esclarecer cómo actuaron quienes disponían de ambas.

Desde mi experiencia en el gobierno, esa es una de las preguntas más difíciles de aceptar. Una alerta sobre estudiantes detenidos y atacados debía activar a las autoridades educativas, a los responsables de seguridad y a los interlocutores sociales capaces de exigir protección. No puedo asegurar qué habría ocurrido bajo otro gobierno. Sí puedo afirmar que la movilización inmediata de esas capacidades era una obligación. En Ayotzinapa, la distancia entre lo que el Estado sabía y la protección que debía brindar se volvió insoportable.

Los dirigentes sindicales y los responsables del sector educativo también deben examinar su actuación. Quien representa a una comunidad adquiere deberes que van más allá de los acuerdos administrativos y las posiciones políticas. La defensa del normalismo debía comenzar por la seguridad de sus estudiantes. Preguntar por esa responsabilidad es exigir que la representación conserve un contenido humano.

Después vino la disputa por la verdad. Las conclusiones del GIEI sobre la tortura y las irregularidades de la investigación hicieron evidente la gravedad de una respuesta estatal empeñada en sostener una versión de los hechos. El daño se prolongó sobre las familias, obligadas a combatir explicaciones que debían esclarecer su dolor y terminaron multiplicando su desconfianza. Cada prueba ocultada o deformada aleja a una madre de la posibilidad de saber.

La política educativa siguió su propio curso de confrontación. En 2015 Nuño hizo del anuncio de separar del servicio a los maestros que no se presentaran a la evaluación una expresión recurrente de autoridad. La evaluación, necesaria para conocer y mejorar, quedó asociada para muchos docentes con la amenaza sobre su trabajo. Ese costo de legitimidad debe formar parte de cualquier balance de su gestión.

Por eso lo considero un adversario de la escuela pública y de sus docentes. Es un juicio sobre su manera de ejercer el poder: convertir la estabilidad laboral en amenaza y confundir la interlocución con la obediencia debilita la confianza indispensable para transformar la educación. Subordinar a una dirigencia sindical puede facilitar decisiones administrativas, pero no construye legitimidad entre los maestros.

El balance de Nuño tampoco termina en la Secretaría de Educación. En 2018 coordinó la campaña presidencial de José Antonio Meade, que concluyó en un lejano tercer lugar, con 16.41 por ciento de la votación. La derrota tuvo causas anteriores y más amplias que la actuación de un solo hombre, pero quien asumió la conducción de la campaña no puede desaparecer del balance cuando llegan los resultados. Su encargo era enfrentar aquel desgaste, ampliar apoyos y construir una opción competitiva. No lo consiguió. (pri.org.mx, te.gob.mx)

Pepe Meade es, para mí, un hombre honesto, un servidor público capaz y un buen ser humano. Reconocer esas cualidades hace más severo el juicio sobre la conducción de su campaña. A mi entender, el equipo encabezado por Nuño no supo convertirlas en una relación de confianza con la sociedad ni darle al candidato una voz suficientemente propia frente al desgaste del gobierno. La cercanía con Meade no lo exime: vuelve más grave el fracaso de quien recibió la responsabilidad de ayudarlo a ganar.

También el PRI pagó las consecuencias. Una institución histórica, con responsabilidades que debía asumir y una militancia a la que debía escuchar, quedó atrapada en la defensa de un grupo gobernante. Mi crítica es que aquella conducción contribuyó a hundir una candidatura valiosa y a profundizar la crisis del partido que la sostenía. El PRI merecía una estrategia a la altura de su historia y de la dificultad del momento. Quienes condujeron aquella campaña deben explicar su fracaso antes de volver a ofrecerse como renovadores de la vida pública.

Sigo defendiendo la evaluación y la profesionalización docente. Precisamente por eso considero un error convertirlas en instrumentos de confrontación. México ya tenía experiencias de evaluación, formación y transformación curricular. Se podía discutir cómo fortalecerlas, corregir sus límites y construir compromisos exigibles. Presentar todo lo anterior como un vacío del que había que rescatar al país facilitó el discurso de la ruptura, pero empobreció la comprensión de lo que se pretendía transformar.

El 19 de junio de 2016, la violencia en Nochixtlán y otras localidades de Oaxaca dejó muertos y numerosos heridos en el contexto del conflicto magisterial. La CNDH documentó graves violaciones de derechos humanos y fallas en el diseño, la coordinación y la ejecución de los operativos. Aquel episodio obliga a examinar las responsabilidades de las autoridades de seguridad y también el fracaso de la conducción política para encontrar una salida al conflicto.

La insistencia en demostrar firmeza había adquirido un costo humano que ningún discurso sobre calidad educativa podía justificar. Cuando una política que promete un futuro mejor conduce a una confrontación de esa gravedad, quienes la impulsaron tienen el deber de revisar sus decisiones. Reconocer errores no disminuye a un servidor público. La negativa a reconocerlos impide aprender y vuelve sospechosa cualquier pretensión de ofrecer otra vez las mismas respuestas.

El cambio de gobierno de 2018 tampoco saldó la deuda de Ayotzinapa. Hubo nuevas investigaciones y avances, pero las familias continuaron exigiendo información y resultados. En septiembre de 2025, la CIDH volvió a señalar que el Estado no había esclarecido integralmente los hechos y recogió la preocupación por el acceso a documentación militar. Al cumplirse doce años, la verdad completa sigue pendiente. La obligación de responder alcanza también al gobierno actual.

Y el 7 de marzo de 2024 fue asesinado Yanqui Kothan Gómez Peralta, otro estudiante de la misma normal, en hechos que involucraron a policías estatales de Guerrero. El propio presidente López Obrador reconoció el homicidio y el intento de fabricar una versión falsa. Otra vez una familia recibió la noticia que ninguna familia debería recibir. Otra vez hubo que exigir que la autoridad investigara la violencia ejercida desde sus propias corporaciones.

La persistencia de estos hechos impide aceptar que una identidad partidista sea garantía suficiente de conducta democrática. Un gobierno debe responder por lo que hace y por aquello que, pudiendo y debiendo impedir, permite. Los errores de quienes llegaron después tampoco convierten en aciertos las decisiones de sus antecesores. Cada administración tiene que rendir sus propias cuentas.

Aurelio Nuño tiene derecho a regresar a la política y a proponer ideas para la educación. Ese regreso lo obliga a rendir cuentas. Mi objeción es que pretenda reivindicar la autoridad de su experiencia sin someterla a un examen completo, o hablar como fundador de una renovación cuya historia previa desestimó. Quien contribuyó a debilitar acuerdos y mediaciones debe explicar sus consecuencias antes de ofrecerse para reconstruirlos. Su cercanía al presidente le dio capacidad de influencia; esa misma cercanía le exige asumir la responsabilidad política que acompañaba al cargo.

Esta exigencia nos incluye a todos los que hemos estado en la política educativa. Me incluye a mí. Debemos rendir cuentas de nuestras decisiones y aclarar las zonas grises de nuestro pasado, incluidas las inercias y los silencios que preferiríamos dejar sin explicación. La cercanía con el poder no puede servir para reclamar los logros y eludir los errores. Quien pide confianza para el futuro debe estar dispuesto a responder por el uso que hizo de ella en el pasado.

Doce años después, vuelvo a la lección de Julio Rubio y Reyes Tamez. Cuidar la vida de estudiantes y maestros era la primera obligación. Hoy esa enseñanza nos permite medir la distancia entre el lenguaje del poder y el sufrimiento que deja cuando incumple. Podemos discutir modelos educativos, reformas y atribuciones. En el centro deben permanecer las personas a quienes esas instituciones están obligadas a servir.

Los padres y las madres de Ayotzinapa han sostenido esa exigencia con una perseverancia que avergüenza a la facilidad con que la política cambia de tema. Han tenido que aprender a leer expedientes, interrogar versiones y recorrer despachos. Han hecho de la búsqueda una forma de vida que nunca eligieron. Escucharlos obliga a devolver a cada ausencia su nombre y a cada cargo público sus deberes.

Pienso en los muchachos y en los maestros que pudieron llegar a ser. Pienso en las familias que siguen esperando una respuesta comprobable, una explicación que no vuelva a derrumbarse. Conmemorar estos doce años nos compromete con esa exigencia. Mientras el Estado no diga toda la verdad y asuma las responsabilidades correspondientes, aquella noche seguirá entrando en el presente de México.