Mitos y realidades del ejercicio del poder en México

La política real nunca ha sido un ejercicio puro, lineal ni transparente. Es, más bien, un gran tablero de decisiones, intereses, símbolos, alianzas, cálculos y consecuencias. Un espacio de espejos donde distintas realidades se reflejan al mismo tiempo: la pública y la privada; la legal y la informal; la ideológica y la pragmática; la que se dice en el discurso y la que se opera en el territorio.

En ese tablero conviven ideas, programas, proyectos, ambiciones legítimas, lealtades personales, estructuras partidistas, grupos económicos, liderazgos sociales y poderes fácticos. La política no ocurre únicamente en los discursos, ni solamente en las instituciones, ni exclusivamente en las elecciones. Ocurre también en los acuerdos, en los silencios, en las omisiones, en las rutas de financiamiento, en la organización territorial y en los límites —o la ausencia de límites— que cada actor acepta frente a la ley, frente a la ética y frente a su propia biografía.

Desde tiempos remotos se han dicho muchas cosas sobre el ejercicio del poder. Se ha sostenido que la política exige malicia, cálculo, prudencia, capacidad de negociación y cierta disposición para enfrentar realidades incómodas. Todo eso puede ser cierto. Pero una cosa es reconocer que la política requiere inteligencia estratégica y otra muy distinta es asumir que la política autoriza la mentira, la corrupción, la complicidad criminal o la destrucción deliberada de las reglas comunes.

Ahí comienza uno de los grandes problemas de nuestro tiempo: la confusión entre realismo político y cinismo. Entre astucia y maldad. Entre gobernabilidad y complicidad. Entre negociación legítima y pacto oscuro. Entre mandato democrático y apropiación patrimonial del Estado.

En los últimos años, la política mexicana parece haberse desplazado hacia un campo de negación y confrontación permanente. Cada grupo habla desde su propio encierro. Cada partido se escucha a sí mismo. Cada liderazgo se dirige a sus fieles, confirma sus prejuicios y evita contrastar sus ideas con quienes piensan distinto. La deliberación pública se ha vuelto menos un espacio de persuasión y más una maquinaria de reafirmación tribal.

Vivimos, en buena medida, la era de la política frente al algoritmo. El dirigente se siente cómodo hablando únicamente con los propios. Ya no busca convencer al adversario ni dialogar con el ciudadano independiente; busca activar a su comunidad emocional, alimentar su indignación y mantenerla cohesionada frente a un enemigo permanente. La política deja de ser pedagogía pública y se convierte en administración del enojo.

El problema no es solo de estilo. Es de fondo. Cuando la política se reduce a hablarle a los convencidos, desaparece la obligación de explicar, justificar y contrastar. Se debilita la responsabilidad democrática. Se pierde la capacidad de reconocer errores. Y, sobre todo, se rompe la noción elemental de que el poder debe rendir cuentas no solo ante sus simpatizantes, sino ante la nación entera.

La discusión pública mexicana se ha ido degradando hasta quedar atrapada en una frase implícita, brutal y devastadora: “quién es más corrupto”, “quién es más narco”, “quién tiene el grupo criminal más grande a su servicio”, “quién robó más”, “quién puede acusar a quién”. Ese estribillo ha sustituido el debate sobre el Estado, sobre la justicia, sobre el desarrollo, sobre la educación, sobre la seguridad y sobre el futuro democrático del país.

La defensa de los grupos de poder se ha vuelto casi automática: “si te metes con los míos, te metes con los valores que represento”. Pero esos valores se desvanecen cuando la discusión pública desnuda las biografías del poder. Entonces todo se vuelve escándalo, reacción, distractor, cálculo mediático. Los liderazgos ya no buscan esclarecer la verdad; esperan que su escándalo desaparezca cuando otro más grande ocupe la cartelera de mañana.

Así se normaliza la podredumbre. No porque desaparezca la indignación, sino porque se vuelve selectiva. No porque se aclare la verdad, sino porque se administra el ruido. No porque se castigue la corrupción, sino porque cada bando encuentra una justificación para tolerar la propia mientras condena la ajena.

México parece atrapado en una espiral de sospecha criminal. Y frente a esa espiral muchos apuestan a que las elecciones de 2027 operen como una especie de exorcismo democrático: que el voto ciudadano purifique los organismos de mando, reorganice las jerarquías del poder y aclare lo que hoy aparece contaminado por la duda razonable.

Pero las elecciones, por sí solas, no purifican al poder. Las elecciones pueden corregir rumbos, castigar gobiernos, abrir alternativas y modificar equilibrios. Pero no sustituyen al Estado de derecho. No reemplazan la investigación judicial. No limpian automáticamente las estructuras partidistas. No disuelven por arte de magia el dinero ilegal ni las alianzas criminales. Una democracia que espera que cada elección lave los pecados acumulados del sistema termina convirtiendo el voto en absolución ritual, no en mecanismo de responsabilidad pública.

La pregunta de fondo es otra: ¿cuándo comenzamos a perder la ruta en la defensa del derecho, del Estado y de los límites democráticos?

Una parte de la respuesta puede estar en los mitos que ciertos actores políticos han utilizado para justificar su propio ejercicio del poder. En particular, es probable que una parte de la izquierda movilizadora haya confundido el sentido del voto con un mandato absoluto. Y también es posible que, al llegar al gobierno, algunos sectores hayan actuado bajo premisas falsas sobre cómo se ejerció históricamente el poder en México.

Una de esas premisas podría formularse así: “el PRI siempre robó y utilizó el poder para reproducir el Estado; ahora que llegamos nosotros, nos toca hacer lo mismo”. Esa premisa es falsa y peligrosa.

Hubo corrupción en los gobiernos priistas. Sería absurdo negarlo. Hubo excesos, controles corporativos, abusos, patrimonialismo, autoritarismo, clientelismo y uso indebido de recursos públicos. Pero la reproducción del Estado y de la hegemonía política no descansaba únicamente, ni siempre principalmente, en la corrupción. Tenía otros criterios operativos: control institucional, disciplina política, intermediación territorial, reparto de beneficios, manejo corporativo de sectores, negociación con élites locales, construcción de estabilidad, administración de conflictos y una concepción vertical del poder público.

Nada de eso debe idealizarse. Pero tampoco debe simplificarse hasta convertir la historia política mexicana en una caricatura útil para justificar los abusos del presente. Cuando se afirma que “todos robaron”, “todos hicieron fraude”, “todos pactaron con criminales” o “todos usaron el Estado para perpetuarse”, se construye una coartada perfecta para hacer exactamente lo mismo —o algo peor— bajo el argumento de que esa era la regla del juego.

Otro mito central proviene de la elección presidencial de 2006. La narrativa del fraude se convirtió, para muchos, en una explicación total de la derrota y, después, en una fuente de legitimidad moral para la revancha. Bajo esa lógica, algunos parecen pensar: “nos hicieron fraude en 2006; ahora que gobernamos tenemos derecho a mantenernos a cualquier costo y con cualquier alianza”.

Esa idea es profundamente destructiva. La democracia no puede convertirse en una cadena de venganzas históricas. Ningún agravio, real o percibido, autoriza a desmontar los límites del Estado. Ninguna derrota electoral justifica la construcción de una hegemonía sin contrapesos. Ninguna narrativa de victimización puede convertirse en permiso para vulnerar la ley.

Estuve en la elección de 2006. Participé en el esfuerzo de recuperación de actas electorales y formé parte de un equipo que revisó conteos distritales, acta por acta, con una estructura operativa muy amplia. Cada vez que se abrió una urna, los resultados coincidieron en lo sustancial. Cuando hubo correcciones, éstas tendieron a moverse dentro de márgenes estadísticos compensatorios, sin alterar el resultado global que daba la victoria a Felipe Calderon por una diferencia mínima.

Ciertamente hubo movilización política intensa de ambos lados. Hubo organización territorial, votación programada, reuniones de ciudadanos afines para acudir a votar en grupo, operación electoral y estrategias de defensa del voto. Pero en mi experiencia directa no observé una compra generalizada de votos ni una presión sistemática para votar por un candidato determinado. La elección fue cerrada, tensa, polarizada y jurídicamente discutida. Pero convertirla en mito fundacional de una revancha permanente ha hecho un daño enorme a la cultura democrática del país.

El estribillo del fraude de 2006 terminó otorgando, para algunos, una especie de carta de naturalización moral para cruzar fronteras éticas. Bajo esa lógica, cualquier exceso puede presentarse como reparación histórica. Cualquier concentración de poder puede justificarse como corrección de una injusticia previa. Cualquier captura institucional puede explicarse como defensa del mandato popular. Cualquier alianza indebida puede presentarse como necesidad estratégica frente a los enemigos de siempre.

Así se construye una democracia “a modo”: una democracia que sirve para llegar al poder, pero no para limitarlo; que invoca al pueblo para ganar, pero lo reduce a pretexto una vez obtenido el mando; que denuncia los abusos del pasado, pero reproduce prácticas de control con nuevos nombres y nuevos beneficiarios.

No es aceptable que las prácticas del poder se justifiquen sobre supuestos de valores perdidos. Si la lógica que subyace al ejercicio del poder es “somos corruptos, pero ustedes lo fueron más”, “tenemos vínculos oscuros, pero ustedes tuvieron peores”, “violamos límites, pero antes también los violaron”, entonces la vida pública entra en una zona moralmente devastada. La corrupción deja de ser anomalía y se convierte en lenguaje común. La ilegalidad deja de ser excepción y se vuelve herramienta. La alianza con el crimen organizado deja de ser amenaza y se vuelve posibilidad política.

Ese es el cáncer más grave: no solo que exista corrupción, sino que se normalice; no solo que haya ilegalidad, sino que se justifique; no solo que existan vínculos criminales, sino que se relativicen en función de quién los denuncia y a quién benefician.

En este contexto aparece una preocupación mayor: el posible uso de actividades ilegales, como la importación irregular de hidrocarburos, como mecanismo de financiamiento político ilícito. Se ha hablado de montos que podrían superar los cientos de miles de millones de pesos. Si una parte de esos recursos hubiese sido utilizada para financiar estructuras políticas, campañas, operadores territoriales o redes de control electoral, el daño no sería únicamente patrimonial. Sería un daño profundo a la democracia misma.

Porque el dinero ilegal no solo compra voluntades. También distorsiona la competencia, destruye la igualdad política, captura candidaturas, somete gobiernos, financia lealtades, intimida adversarios y contamina la representación popular. Cuando la política se financia desde la ilegalidad, el ciudadano deja de competir contra otro ciudadano o contra otro partido: compite contra estructuras económicas clandestinas capaces de desbordar cualquier regla electoral.

La podredumbre del dinero ilegal en la vida pública produce un daño cívico incalculable. Destruye la confianza. Debilita el valor del voto. Convierte la elección en operación. Transforma la representación en deuda. Y somete el poder formal a compromisos informales que los ciudadanos nunca conocen, pero cuyas consecuencias terminan padeciendo.

En 2021 escuché frases profundamente preocupantes. En ese entonces me desempeñaba como presidente de la Junta Directiva de Redes Sociales Progresistas, una organización que aspiraba a obtener el tres por ciento de la votación para conservar su registro como partido político nacional. En distintos momentos escuché advertencias del tipo: “no lo lograrás si no pactas con un cártel”.

Rechazamos cualquier arreglo con fuerzas ilegales. No aceptamos dinero de origen ilícito para financiar campañas. No buscamos protección criminal ni operación territorial fuera de la ley. El resultado fue que perdimos el registro. Pero el día de la elección nuestros operadores fueron neutralizados en miles de secciones electorales. Tuvimos testimonios y señales de intervención de grupos armados, así como de un flujo desbordado de dinero ilegal en la jornada electoral.

En toda mi experiencia política nunca había vivido un día como ese. Lo dijimos públicamente en entrevistas de radio y televisión de aquella época. Lo dejamos señalado porque no se trataba de una derrota ordinaria ni de una falla menor de operación electoral. Era la evidencia de que algo más profundo estaba ocurriendo: la entrada de poderes ilegales en zonas decisivas de la competencia democrática.

Los acontecimientos recientes y las últimas elecciones parecen confirmar que una parte de la práctica política mexicana está siendo organizada sobre mitos, resentimientos y creencias equivocadas acerca del poder. Se asume que el poder es, por naturaleza, resultado de la maldad, la mentira, la simulación o la hipocresía. Se piensa que quien gobierna debe actuar sin límites porque así actuaron todos antes. Se cree que la política es una lucha donde solo sobreviven quienes renuncian primero a cualquier escrúpulo.

Es cierto que existe una tradición intelectual que separa la eficacia política de la moral privada. Maquiavelo, y muchos después de él, entendieron que el gobernante debe conocer la condición humana, prever traiciones, administrar conflictos, calcular consecuencias y tomar decisiones difíciles. Pero esa tradición suele ser mal leída. La malicia política no equivale a maldad moral. La prudencia no equivale a corrupción. La razón de Estado no equivale a impunidad. La capacidad de negociar no equivale a pactar con criminales.

El político necesita malicia para entender el poder, no perversidad para ejercerlo. Necesita firmeza para decidir, no cinismo para justificarlo todo. Necesita realismo para gobernar, no complicidad para sobrevivir.

Cuando un sistema político comienza a sostenerse más en la complicidad que en la legalidad, se rompe su columna moral. Cuando los actores públicos se convencen de que todos son malos, todos son ilegales y todos son perversos, nadie da el primer paso para limpiar la República. Todo se convierte en una cadena de silencios, chantajes, expedientes, amenazas y delitos inconfesables.

Ese es el momento más peligroso para una democracia: cuando la corrupción deja de ocultarse por vergüenza y empieza a justificarse por comparación. Cuando el argumento ya no es “soy inocente”, sino “los otros son peores”. Cuando el poder no busca legitimarse por sus resultados, sino por la descalificación moral permanente del adversario.

Es probable que en muchos gobiernos haya existido tolerancia frente a ciertos grupos criminales. Es probable que en distintos momentos del pasado se hayan dado entendimientos, omisiones, arreglos locales o formas de convivencia indebida con poderes ilegales. Nada de eso debe minimizarse. Pero no toda tolerancia es sociedad para delinquir. No toda incapacidad del Estado es complicidad estructural. No toda corrupción tiene la misma escala, la misma profundidad ni las mismas consecuencias institucionales.

En política los grados importan. La ética, en sentido estricto, no admite demasiadas gradualidades: lo indebido es indebido. Pero la política opera en una realidad de tonalidades grises donde las diferencias de escala, intención, permanencia, estructura y daño público sí cuentan. No es lo mismo un acto aislado de corrupción que un sistema de financiamiento ilegal. No es lo mismo una omisión local que una alianza estratégica. No es lo mismo tolerar por debilidad que asociarse por conveniencia. No es lo mismo la corrupción como desviación que la corrupción como método de gobierno.

La izquierda tradicional, subvencionista y movilizadora, pudo haber confundido esas zonas grises con una autorización general para ejercer plenamente un supuesto mandato de las urnas. Pudo haber pensado que, si el pasado estuvo manchado, el presente tenía derecho a mancharse en nombre de una causa superior. Pero esa es precisamente la trampa moral del poder absoluto: creer que los fines redimen los medios, que la historia absuelve los excesos y que la legitimidad electoral vuelve secundarias las reglas.

La democracia no funciona así. El voto da origen al gobierno, pero no le concede propiedad sobre el Estado. La mayoría permite decidir, pero no autoriza atropellar. El mandato popular permite gobernar, pero no elimina la Constitución. La legitimidad electoral abre la puerta del poder, pero no cancela la obligación de someterse a límites.

Cuando los gobernantes se niegan a discutir con los demás partidos, con los críticos, con los sectores independientes y con la sociedad plural, se aíslan. Convierten la política en un juego de espejos donde solo se reflejan ellos mismos. Empiezan a creer que el país coincide exactamente con su base electoral. Confunden aplauso con legitimidad. Confunden popularidad con razón. Confunden control institucional con estabilidad. Confunden obediencia con consenso.

El victimismo puede funcionar durante una temporada. Puede movilizar afectos, justificar errores, cohesionar lealtades y mantener viva la narrativa de la persecución. Pero tarde o temprano la sociedad se cansa de la debilidad convertida en mentira y del dolor convertido en estrategia. Más aún cuando quienes se presentan como perseguidos ejercen el poder casi absoluto, controlan instituciones, administran recursos, reparten candidaturas, dominan congresos y ocupan el aparato del Estado.

Desde el poder, la victimización permanente se vuelve una contradicción insostenible. Y cuando el poder casi absoluto comienza a sangrar por sus propias heridas —corrupción, violencia, ineficacia, soberbia, contradicciones internas—, la política deja de ser deliberación racional y se convierte en biología de supervivencia.

Entonces cada grupo busca salvarse. Cada facción cuida su expediente. Cada liderazgo protege su territorio. Cada aliado calcula su salida. Cada silencio se vuelve moneda. Cada escándalo se administra según su utilidad. La República queda atrapada entre la simulación de la legalidad y la crudeza del poder real.

Por eso urge desmontar los mitos que hoy contaminan la vida pública mexicana.

No es cierto que todos hayan sido iguales. No es cierto que todo fraude denunciado sea verdad histórica. No es cierto que ganar una elección autorice a capturar el Estado. No es cierto que la corrupción del pasado justifique la corrupción del presente. No es cierto que la política, para ser eficaz, deba renunciar a la ética. No es cierto que el poder sólo pueda ejercerse desde la complicidad. No es cierto que la democracia pueda sobrevivir si el dinero ilegal decide candidaturas, campañas y gobiernos.

La realidad es más dura y más exigente: México necesita reconstruir los límites del poder. Necesita separar la política de la criminalidad. Necesita recuperar la responsabilidad del financiamiento público y privado de las campañas. Necesita volver a discutir la legalidad no como discurso de adversarios, sino como condición mínima de supervivencia nacional. Necesita partidos capaces de competir sin pactar con estructuras ilegales. Necesita ciudadanos que no acepten como normal que la política sea una disputa entre corrupciones equivalentes.

La política puede ser dura, compleja, ambigua y conflictiva. Pero no tiene por qué ser criminal. Puede exigir negociación, pero no debe confundirse con complicidad. Puede requerir estrategia, pero no debe abandonar la ley. Puede admitir diferencias ideológicas profundas, pero no puede sobrevivir si todos los actores renuncian a los principios mínimos que hacen posible la convivencia democrática.

El verdadero ejercicio del poder no consiste en hacer todo lo que se puede. Consiste en saber qué no debe hacerse aunque se pueda. Ahí se distingue el gobernante del faccioso, el estadista del operador, el demócrata del caudillo, el político del depredador.

México no necesita una nueva mitología del poder. Necesita una nueva ética de la responsabilidad pública. Una ética que no sea ingenua, que no desconozca la dureza de la política real, pero que tampoco acepte la degradación como destino. Una ética capaz de afirmar que la democracia no se salva justificando los abusos propios con los abusos ajenos, sino reconstruyendo límites comunes para todos.

Porque cuando el poder pierde límites, la política pierde sentido. Y cuando la política pierde sentido, la República queda sola frente a sus peores fuerzas.