Durante años me he preguntado qué impulsa a una parte importante de la izquierda mexicana a negar —y a negarse a sí misma— los principios fundamentales de la democracia liberal. No hablo de la democracia como ritual electoral, ni de la democracia reducida al conteo de votos, sino de la democracia como sistema de límites: límites al poder, límites al Estado, límites a las mayorías, límites a los gobernantes, límites incluso a las causas que se consideran moralmente superiores.
La pregunta no es menor. Después de la caída del Muro de Berlín y del derrumbe de los grandes autoritarismos ideológicos del siglo XX, pareció abrirse en el mundo una etapa distinta. Francis Fukuyama describió aquel momento como el triunfo histórico de la democracia liberal: un horizonte donde las libertades individuales, los derechos humanos, la alternancia política, los mercados regulados y el constitucionalismo democrático parecían constituir el nuevo lenguaje universal de la política moderna.
Muchos creímos, quizá con exceso de optimismo, que entrábamos en una etapa prometedora: crecimiento económico, ampliación de derechos, desarrollo social, pluralismo político y consolidación institucional. La idea central era poderosa: construir un Estado autocontenido por instituciones ciudadanas. Un Estado sujeto a controles, vigilado por órganos autónomos, limitado por tribunales independientes, obligado por la transparencia, contenido por elecciones libres y periódicas, regulado por derechos humanos, sometido al escrutinio público y respetuoso de la vida privada de las personas.
Ese era, en el fondo, el pacto liberal-democrático: ningún poder puede tenerlo todo, ninguna mayoría puede hacerlo todo, ningún gobernante puede confundirse con la nación. Durante un tiempo pareció que la izquierda democrática en el mundo aceptaba esa premisa. Las izquierdas europeas, en buena medida, entendieron que la justicia social no podía construirse contra la democracia liberal, sino dentro de ella; que la igualdad no podía usarse como pretexto para destruir las libertades; que el Estado social requería instituciones fuertes, no caudillos providenciales; y que la redistribución sólo era legítima si se hacía desde reglas generales, no desde lealtades políticas administradas por el poder.
México no tenía por qué ser distinto. Sin embargo, nuestra historia política cargaba una herencia pesada. La larga tradición de trampas, simulaciones, pactos cupulares, elecciones controladas, clientelismo, patrimonialismo y traiciones entre grupos de poder dificultaba la formación de una cultura democrática genuina. No bastaba con cambiar las reglas. Había que cambiar la relación profunda de la política con el poder.
Las reformas electorales graduales, sobre todo las que siguieron a las crisis de 1988, 1994 y 1995, parecían conducirnos lentamente hacia un nuevo estadio de desarrollo político. La autonomía electoral, la competencia partidista, la fiscalización, la pluralidad legislativa, la transparencia y la alternancia eran señales de una transición real, aunque incompleta. México parecía caminar, con dificultad pero con dirección, hacia una democracia de reglas aceptadas por todos.
Pero la elección de 2006 mostró crudamente que no estábamos tan cerca como suponíamos. Sus antecedentes —el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, la polarización política extrema, la intervención de los poderes fácticos, la desconfianza acumulada y un resultado electoral de margen mínimo— revelaron que la democracia mexicana era todavía frágil. Habíamos construido procedimientos, pero no necesariamente una cultura democrática compartida.
A ello se sumó una contradicción mayor: la nueva era de libertades no había incorporado con suficiente fuerza a millones de mexicanos excluidos. La democracia liberal ofrecía derechos, elecciones y libertades, pero la economía no generaba condiciones suficientes para que amplios grupos sociales se sintieran parte de ese nuevo pacto. La apertura política no fue acompañada de una movilidad social robusta. La pluralidad electoral no resolvió la desigualdad. La alternancia no transformó por sí sola la vida cotidiana de los más pobres.
Nuestra economía no pudo ofrecer oportunidades suficientes. Nuestra clase política y nuestras élites económicas hicieron poco para construir un marco regulatorio más justo, corregir nuestras grandes deficiencias estructurales y financiar adecuadamente al Estado. Recaudamos poco y, al mismo tiempo, necesitamos mucho: mejores presupuestos para educación, salud, seguridad, infraestructura, ciencia, tecnología y justicia. Pero casi nadie estuvo dispuesto a pagar el costo político de decirlo con claridad y mucho menos hacerlo con determinación.
La democracia mexicana quedó atrapada en una contradicción: todos querían más derechos, mejores servicios y mayor justicia social, pero pocos querían asumir las decisiones difíciles que eso exigía. La pelea por los votos, la debilidad de la pedagogía pública y la incapacidad de construir consensos fiscales nos condujeron a cuellos de botella cada vez más severos.
Muchos creyeron que el retorno del PRI en 2012 podría resolver ese agotamiento. Se pensó que la experiencia, la disciplina política y la capacidad de operación del viejo partido podían ordenar el sistema. Pero ocurrió lo contrario. El Pacto por México condensó una agenda formalmente ambiciosa y superficialmente positiva, pero desconectada de la política profunda: esa zona donde viven las contradicciones reales del país, los equilibrios territoriales, los agravios sociales, las resistencias sindicales, los poderes regionales, las desigualdades estructurales y los pactos no escritos que sostienen al Estado.
Una élite tecnocrática, con enorme confianza en su capacidad de diseño institucional pero con escasa comprensión del México real, tomó decisiones que hicieron volar por los aires varios de los equilibrios que mantenían al sistema político prendido con alfileres. La reforma educativa de 2013, la reforma energética, la narrativa anticorporativa y el tono modernizador del gobierno peñista rompieron mediaciones sin construir legitimidades nuevas. El resultado fue una mezcla explosiva: reformas desde arriba, desprestigio desde abajo y corrupción en el centro.
Ahí se abrió el espacio para el retorno de una izquierda nacional-popular, plebiscitaria, agraviada y profundamente desconfiada de los límites liberales. Llegó al poder un líder ambicioso, dotado de una intensa intuición social y de una convicción profunda sobre la desigualdad, pero también portador de una idea patrimonial del poder político. Muchos celebramos —o al menos entendimos— que el péndulo político castigara al PRI, contuviera a la tecnocracia y abriera una nueva etapa. La corrupción, la frivolidad y los errores del viejo grupo gobernante habían provocado demasiado dolor y demasiado desprestigio.
Creímos que habíamos tocado fondo. Fue una conclusión anticipada. Todavía no llegábamos al fondo de nuestro infortunio político. Faltaba conocer la falta de pericia institucional, las ambiciones de concentración, el desprecio por los contrapesos y la ruptura de límites éticos por parte del nuevo grupo gobernante. Faltaba descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar para ampliar su poder primero y sostenerlo después.
La izquierda mexicana llegó al gobierno sin la cultura institucional de la tecnocracia política de finales del siglo XX y sin la audacia democrática de los líderes de la alternancia. Llegó con votos, legitimidad popular y una narrativa poderosa, pero también con una pulsión restauradora: reconstruir el presidencialismo fuerte, debilitar los órganos autónomos, someter los contrapesos, desacreditar a la sociedad civil crítica, desmantelar mediaciones y convertir el mandato electoral en autorización para rehacer el Estado a su medida.
Vivimos una época confusa porque el lenguaje de la justicia social se mezcló con la práctica de la concentración política. La nueva —pero también vieja— izquierda ha desmontado buena parte del Estado que heredó de aquello que llama, con desprecio y simplificación, “neoliberalismo”. Pero conviene decirlo con claridad: no todo lo construido en las décadas previas fue neoliberalismo económico. También hubo ahí una arquitectura liberal-democrática indispensable: órganos autónomos, transparencia, competencia electoral, derechos humanos, protección de datos personales, pluralidad legislativa, Suprema Corte con mayor peso constitucional, fiscalización pública y límites al poder presidencial.
Ese andamiaje no era perfecto. Tenía déficits, sesgos, capturas, simulaciones y zonas de privilegio. Pero expresaba una idea civilizatoria fundamental: el poder debe ser vigilado. El Estado debe estar contenido. El gobierno no debe confundirse con el pueblo. La mayoría no debe aplastar a la minoría. La justicia social no debe cancelar la libertad.
La izquierda mexicana, sin embargo, no parece haber interiorizado plenamente esa lección. Su tradición más combativa, beligerante y movilizadora —históricamente defensora de sectores marginados— terminó desconfiando de los límites institucionales porque los interpretó como obstáculos de las élites. En lugar de reformar los contrapesos para hacerlos más eficaces, decidió capturarlos o destruirlos. En lugar de ampliar la democracia liberal con mayor justicia social, optó por reducir la democracia a una legitimidad mayoritaria administrada desde el poder.
Ese es el punto central: el movimiento electoral se convirtió en régimen político. La victoria de 2018 no fue entendida sólo como alternancia, sino como refundación. Y después de las elecciones de 2024, el nuevo bloque gobernante interpretó su triunfo como un mandato para rediseñar el Estado nacional conforme a su propia visión del poder.
El problema no es que el movimiento anti elitista careciera de justificación. La tenía. La desigualdad social, el rezago salarial, la corrupción del viejo régimen, la frivolidad del gobierno priista, la distancia de las élites económicas y la incapacidad de los gobiernos panistas para consolidar una mediación social más profunda abrieron la puerta a una ruptura política. La ciudadanía difícilmente aceptaría el regreso de un presidencialismo centralista a cambio de nada. Pero lo que recibió no fue sólo redistribución. Recibió también concentración.
El cóctel fue perfecto: una cultura política de revancha, una sociedad cansada de los privilegios, una oposición desacreditada, una tecnocracia arrogante, una economía insuficiente, una élite moralmente exhausta y un liderazgo dispuesto a convertir el agravio en hegemonía. Así se fue desmontando el sistema de controles que, con todas sus imperfecciones, había costado décadas construir.
Hoy el futuro aparece incierto. Los inversionistas no terminan de confiar en un Estado que luce patrimonialista, discrecional e ideologizado. La acusación de vínculos o tolerancias frente al crimen organizado erosiona la credibilidad institucional. La reforma judicial y la elección de jueces, presentada como democratización, ha multiplicado la desconfianza porque amenaza con alinear al Poder Judicial con las mayorías políticas del momento. Una justicia electiva, sin garantías suficientes de independencia técnica, puede convertirse no en justicia popular, sino en justicia subordinada.
En lo social, el panorama tampoco es sencillo. Resultará difícil avanzar hacia mejores presupuestos en salud, educación y seguridad si la política pública queda atrapada en la competencia directa por subsidios sociales, transferencias monetarias y programas clientelarmente administrables. Nadie sensato puede negar la importancia de apoyar a adultos mayores, jóvenes, estudiantes, mujeres y grupos vulnerables. Pero una cosa es construir un Estado social robusto y otra muy distinta sustituir capacidades institucionales por transferencias presupuestales políticamente rentables.
Sin reforma fiscal, sin crecimiento económico suficiente, sin seguridad pública efectiva, sin inversión productiva, sin fortalecimiento educativo y sin servicios de salud dignos, la justicia social corre el riesgo de convertirse en administración electoral de la pobreza. Y esa es una paradoja grave: una izquierda que llegó al poder para redimir a los excluidos puede terminar preservando su dependencia si no construye capacidades reales de movilidad, productividad y ciudadanía plena.
El dilema mexicano no está entre neoliberalismo y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. El verdadero dilema está entre una democracia liberal capaz de corregir sus desigualdades y un régimen mayoritario que usa la desigualdad como justificación para debilitar los límites al poder.
México necesita más justicia social, sí. Pero también necesita más Estado de derecho. Necesita mejores salarios, pero también seguridad jurídica. Necesita programas sociales, pero también escuelas, hospitales, policías, jueces, carreteras, ciencia, tecnología y empleo formal. Necesita redistribución, pero también productividad. Necesita pueblo, pero también ciudadanía. Necesita mayoría, pero también contrapesos.
La izquierda mexicana tendría que aceptar una verdad elemental: sin democracia liberal, la justicia social se vuelve concesión del gobernante. Y cuando los derechos dependen de la voluntad del poder, dejan de ser derechos para convertirse en favores.
El problema de fondo no es que la izquierda quiera transformar al país. El problema es que una parte de esa izquierda parece creer que la transformación requiere debilitar los límites institucionales que hacen posible la libertad. Ahí está su contradicción mayor: en nombre del pueblo, reduce la ciudadanía; en nombre de la justicia, erosiona la ley; en nombre de la mayoría, arrincona al pluralismo; en nombre de la democracia, debilita la democracia liberal.
La salida no será fácil. Las elecciones están ahí, pero la competencia electoral por sí sola no reconstruye una alternativa. La buena noticia para el régimen —y la mala para una ciudadanía que necesita equilibrios— es que la oposición sigue atrapada en la denuncia, en la indignación y en la crítica desgarradora, pero sin proyecto social y político suficientemente claro.
No basta acusar autoritarismo. Hay que ofrecer una democracia socialmente eficaz. No basta con defender las instituciones. Hay que explicar para qué sirven en la vida cotidiana de la gente. No basta denunciar la concentración del poder. Hay que construir una alternativa que combine libertad, justicia, seguridad, crecimiento e inclusión.
La oposición no podrá enfrentar a una izquierda mayoritaria sólo con nostalgia institucional ni con defensa abstracta de los órganos autónomos. Necesita una narrativa de futuro. Necesita demostrar que la democracia liberal no es una coartada de las élites, sino la única forma civilizada de impedir que cualquier élite —vieja o nueva, tecnocrática o populista, empresarial o partidista— se apropie del Estado.
Porque ese es el punto decisivo: la democracia liberal no existe para proteger a los poderosos. Existe para impedir que alguien lo sea demasiado. Y México, después de tantas vueltas de la historia, debería saberlo mejor que nadie.