Coaliciones, poder público y el error de la aritmética electoral

Las coaliciones electorales nacieron, en las democracias plurales, como un mecanismo para ordenar la diversidad política y convertirla en capacidad de gobierno. Su sentido original no fue simplemente sumar votos, repartir candidaturas o administrar sobrevivencias partidarias. Fue, más bien, permitir que sociedades políticamente fragmentadas pudieran construir mayorías, procesar diferencias, articular consensos y traducir la competencia electoral en gobiernos relativamente estables.

Las coaliciones forman parte de una arquitectura democrática más amplia. Son una respuesta institucional a la pluralidad. Donde ninguna fuerza política puede gobernar por sí sola, la coalición aparece como una forma de producir acuerdo. Donde la diversidad social impide mayorías automáticas, la coalición permite construirlas. Donde el poder público exige estabilidad, la coalición puede ofrecer una vía para gobernar sin cancelar la diferencia.

Pero esa virtud sólo existe cuando la coalición se entiende políticamente. Cuando se reduce a una operación aritmética, pierde sentido. Y cuando se convierte en una simple suma de logos, dirigencias, candidaturas y estructuras burocráticas, puede terminar produciendo el efecto contrario al que buscaba: confundir al elector, diluir identidades, desmovilizar militancias y fortalecer al adversario. Ese es, precisamente, uno de los dilemas centrales de la oposición mexicana.

En el mundo existen diversos modelos de coalición. Algunas se construyen antes de la elección y permiten grados importantes de flexibilidad programática, territorial y estratégica. Otras surgen después de la elección, cuando el resultado obliga a formar gobiernos parlamentarios o acuerdos legislativos. En algunos sistemas, la segunda vuelta empuja a los partidos a reagruparse entre la primera y la segunda votación. En otros, la ley permite candidaturas comunes, frentes, alianzas parciales o coaliciones totales.

En todos los casos, sin embargo, la coalición supone algo más que una coincidencia momentánea. Requiere reglas, compromisos, distribución de responsabilidades, definición de candidaturas, criterios de financiamiento, mensajes de campaña, responsabilidades territoriales y, sobre todo, un entendimiento político sobre el sentido de la alianza.

En México, la Ley General de Partidos Políticos permite que dos o más partidos formen coaliciones para postular las mismas candidaturas en elecciones federales, siempre que cumplan los requisitos legales correspondientes. También establece que el convenio de coalición debe precisar los partidos que la integran, el proceso electoral que la motiva y el procedimiento que seguirá cada partido para seleccionar las candidaturas postuladas por la coalición.

Este punto es fundamental: en el modelo mexicano, los partidos coaligados no desaparecen dentro de una sola identidad política. Conservan representación propia ante los órganos electorales y, en el caso de candidaturas de coalición, los mensajes deben identificar esa condición y al partido responsable del mensaje.

Dicho de otro modo: México no opera, en sentido estricto, bajo un modelo de coalición cerrada donde los partidos se funden electoralmente en un solo emblema, una sola identidad y una sola plataforma indiferenciada. Lo que tenemos es un esquema abierto, más complejo y, por lo mismo, más delicado. El elector puede votar por un mismo candidato a través de partidos distintos. La candidatura puede ser común, pero el voto conserva una dimensión partidaria. Cada sigla cuenta. Cada militancia cuenta. Cada territorio cuenta. Cada historia pesa.

Ahí comienza el problema estratégico.

Una coalición abierta exige campañas diferenciadas, no campañas mimetizadas. Exige que cada partido hable con su propia base electoral, active sus propios códigos, preserve sus razones de existencia y explique por qué, desde su identidad, acompaña una candidatura común. Si los partidos actúan como si estuvieran en una coalición cerrada, el más grande suele devorar a los demás. Su estructura territorial impone la movilización, su narrativa ocupa el espacio público, su marca se vuelve dominante y los partidos menores terminan reducidos a comparsas electorales y en el peor de los escenarios expulsa a sus electores a la coalición gobernante por desconfianza o por miedo.

La consecuencia no es menor: se alteran los equilibrios internos de la alianza, se confunden las militancias, se debilitan las agendas propias y se genera la sensación de que la coalición no es un acuerdo político, sino una absorción.

A esto se suma otro fenómeno recurrente: el desdén del candidato o del partido con mayor fuerza hacia sus aliados. Cuando la candidatura central se siente autosuficiente, tiende a tratar a los partidos coaligados como instrumentos de trámite, no como socios políticos. Los partidos menos estructurados aceptan condiciones desventajosas por supervivencia, por acceso a candidaturas, por cálculo legislativo o por la posibilidad de obtener beneficios derivados de los vacíos y complejidades del sistema electoral.

En México, esa complejidad se agrava por el carácter mixto del sistema: mayoría relativa y representación proporcional conviven en una misma elección. Se cruzan distritos ganados, porcentajes de votación, circunscripciones, listas plurinominales, convenios de distribución y asignaciones finales. El resultado no siempre corresponde a la intuición simple del ciudadano, ni siquiera a la aritmética elemental de los dirigentes. La política electoral mexicana es una combinación de territorio, voto, movilización, identidad, marca, representación y reglas de asignación. Por eso resulta tan peligroso hablar de coaliciones como si fueran una suma de porcentajes. La política no es una hoja de cálculo.

La idea de que dos o tres partidos pueden juntar mecánicamente sus votos y producir una mayoría automática ha demostrado ser una ilusión. Los votos no son propiedad de las dirigencias. No se trasladan en bloque. No obedecen necesariamente al convenio firmado por las cúpulas. Los electores tienen memoria, identidad, rechazo, afinidades, agravios y miedos. Las militancias también. Y los territorios, más todavía.

Un elector tradicional del PRI no necesariamente se comporta como un opositor natural a Morena. En muchas regiones, una parte importante de ese electorado comparte códigos culturales, formas de intermediación política, expectativas sociales y memorias de gobierno más cercanas al universo morenista que al panista. Si ese elector percibe que el PRI se subordina al PAN, puede migrar hacia Morena, abstenerse o votar de manera diferenciada.

Del mismo modo, un elector panista duro puede resistirse a votar por una alianza donde percibe que el PRI conserva prácticas, símbolos o liderazgos que históricamente combatió. Algunos pueden quedarse en casa, otros pueden votar por Movimiento Ciudadano, otros incluso pueden preferir opciones menores antes que acompañar una fórmula que les resulte moral o políticamente incómoda.

La aritmética falla porque los electorados no son bloques intercambiables.

Esa fue una de las grandes debilidades de la oposición en las elecciones de 2021 y 2024. Más allá de los excesos cometidos desde el poder —que merecen un análisis aparte—, la oposición respondió demasiadas veces a la narrativa del gobierno en lugar de construir una narrativa propia. Creyó que el deterioro gubernamental bastaría para producir alternancia. Supuso que el enojo social se convertiría espontáneamente en voto opositor. Confundió crítica con alternativa. Confundió rechazo con esperanza. Confundió la suma de partidos con la construcción de mayoría.

Morena entendió mejor el terreno simbólico. Construyó una narrativa simple, eficaz y profundamente perjudicial para sus adversarios: el “PRIAN”. Esa etiqueta condensó negativos históricos, agravios sociales, corrupción percibida, desgaste institucional, pacto cupular y memoria de gobiernos anteriores. Puede ser injusta, simplificadora o propagandística, pero fue políticamente eficaz. Al juntar al PRI y al PAN bajo una sola figura negativa, Morena hizo que la coalición opositora cargara simultáneamente con los pasivos de ambos partidos.

Esa carga se volvió especialmente pesada porque el Pacto por México dejó una huella contradictoria. Para algunos fue un momento de acuerdos reformistas; para otros, la prueba de una convergencia cupular entre fuerzas que decían representar proyectos distintos. Morena aprovechó esa memoria. La convirtió en argumento moral, en identidad política y en arma electoral. La oposición, en cambio, no logró explicar de manera convincente por qué esa alianza era ahora una alternativa de futuro y no la simple reedición de un pasado compartido. Ahí está el centro del problema: la oposición no ha superado 2018.

No basta con decir que el gobierno ha fallado. Muchos ciudadanos ya lo saben. Perciben la inseguridad, los problemas de salud, el deterioro institucional, la concentración del poder, la precariedad de los servicios públicos, la captura narrativa y el uso político de los programas sociales. Pero advertir los defectos de un gobierno no equivale automáticamente a confiar en quienes lo critican.

El elector puede estar cansado del gobierno y, aun así, no encontrar una razón suficiente para abandonarlo. Puede reconocer fallas, pero temer perder beneficios. Puede criticar al régimen, pero desconfiar de la oposición. Puede sentirse incómodo, pero no ver una salida mejor. Puede saber que algo no funciona y, aun así, preferir la continuidad por miedo, conveniencia, costumbre o falta de alternativa creíble.

Ese es el verdadero desafío opositor: no sólo convencer al ciudadano de votar contra Morena, sino darle razones para votar a favor de otra posibilidad.

La diferencia es enorme.

Votar en contra es un acto de enojo. Votar a favor es un acto de confianza. Votar en contra puede movilizar una coyuntura. Votar a favor construye mayoría. Votar en contra expresa hartazgo. Votar a favor supone horizonte. Y ninguna oposición puede aspirar seriamente al poder si no logra transformar el malestar social en confianza política.

Por eso cualquier coalición opositora que pretenda vencer a Morena debe nacer de abajo hacia arriba. No puede ser sólo una negociación de dirigencias nacionales, una distribución de distritos, una encuesta para repartir candidaturas o una operación mediática. Debe construirse desde el territorio, con consultas amplias, conversaciones regionales, lectura fina de los perfiles electorales y respeto a la identidad de cada partido.

Una coalición eficaz requiere minería de datos. Requiere estadística histórica, demoscopía, análisis sociodemográfico, lectura territorial, medición de transferencias de voto, identificación de rechazos cruzados y simulación de escenarios. Pero también requiere algo que ninguna base de datos sustituye: inteligencia política.

La inteligencia política consiste en comprender que cada alianza tiene costos simbólicos. Que cada candidato activa memorias distintas. Que cada partido suma en algunos lugares y resta en otros. Que la militancia no se decreta. Que el territorio no se conquista desde una mesa nacional. Que la comunicación debe diferenciarse según el electorado al que se dirige. Que una coalición abierta debe operar como una suma de identidades coordinadas, no como una fusión artificial.

En México, donde el voto por partido conserva efectos concretos, cada fuerza debe tener una campaña propia dentro del acuerdo común. El PAN debe hablarle a su electorado desde sus valores, su visión institucional, su defensa de libertades y su idea de Estado limitado. El PRI debe hablarle a su base territorial desde su experiencia de gobierno, su capacidad de operación y su conocimiento del poder público. Las fuerzas locales deben hablar desde sus identidades regionales. Las organizaciones sociales deben encontrar un lugar que no las reduzca a clientelas electorales. Y cualquier candidatura común debe ser capaz de articular esas diferencias sin aplastarlas.

La coalición no debe borrar identidades. Debe ordenarlas.

El error de la oposición ha sido pensar que la unidad consiste en uniformar. No. La unidad política, en una democracia plural, consiste en coordinar diferencias alrededor de un propósito común. Si todos dicen lo mismo, los partidos pequeños desaparecen. Si todos cargan con los mismos negativos, la coalición se vuelve vulnerable. Si todos renuncian a su propia voz, el elector no entiende por qué debe votar por uno u otro partido dentro de la misma candidatura.

La coalición gobernante, en cambio, ha sabido explotar mejor sus diferencias internas. Morena concentra la identidad dominante; el Partido Verde opera con pragmatismo territorial; el PT conserva nichos específicos; los aliados funcionan como engranes de expansión, no necesariamente como fuerzas ideológicas equivalentes. Esa flexibilidad le permite a la coalición oficialista maximizar beneficios y reducir costos. La oposición, paradójicamente, ha tendido a hacer lo contrario: maximiza sus costos simbólicos y reduce sus beneficios territoriales.

Romper la dureza de la coalición gobernante exige otra estrategia.

Primero, reconocer que Morena no es sólo un partido. Es una coalición social, narrativa y territorial. Tiene gobierno federal, gobiernos locales, programas sociales, presencia mediática, disciplina discursiva y una identidad moral construida alrededor de la idea de pueblo contra élites. Mientras esa narrativa no sea disputada en serio, cualquier coalición opositora aparecerá como una restauración del pasado.

Segundo, entender que la oposición no puede limitarse a administrar agravios. Quejarse produce comodidad. Gritar confirma a los convencidos. Denunciar sirve, pero no basta. La sociedad no se organiza sólo con indignación; se organiza con propósito. El ciudadano necesita saber no sólo qué se quiere detener, sino qué se quiere construir.

Tercero, asumir que el trabajo territorial no puede improvisarse en campaña. Requiere viajes, reuniones, escucha, conflicto, paciencia, formación de cuadros, reconstrucción de redes, presencia comunitaria y capacidad para responder preguntas difíciles. Requiere salir del comentario mediático y entrar a la vida real del país. Requiere escuchar a una ciudadanía que probablemente está cansada del gobierno, pero también cansada de la oposición.

Cuarto, dejar de tratar al elector como un sujeto aritmético. El elector no es una cifra transferible. Es una persona con historia, incentivos, temores, intereses, memoria y expectativas. Muchos ciudadanos pueden sentir que el actual régimen les ha quitado más de lo que les ha dado, pero no necesariamente están dispuestos a correr el riesgo de abandonarlo si la alternativa no les ofrece seguridad, sentido y futuro.

La pregunta opositora no debe ser únicamente: ¿cómo derrotamos a Morena? La pregunta de fondo debe ser: ¿por qué alguien que hoy vota por Morena, o que se abstiene, o que desconfía de todos, debería creer que existe una alternativa mejor?

Esa pregunta no se responde con una coalición de emergencia. Se responde con una reconstrucción política de largo aliento.

Las coaliciones pueden ser útiles. Incluso necesarias. En un país plural, territorialmente diverso y políticamente fragmentado, sería ingenuo negar su importancia. Pero una coalición sólo funciona cuando reconoce la realidad sobre la que actúa. Si pretende sustituir la política con aritmética, fracasa. Si desconoce las identidades partidarias, fracasa. Si subestima las militancias, fracasa. Si ignora el territorio, fracasa. Si no ofrece horizonte, fracasa.

México necesita oposiciones capaces de entender que el poder público no se conquista sólo con el desgaste del gobierno. Se conquista construyendo confianza. Se conquista organizando sociedad. Se conquista elaborando una visión de país. Se conquista cuando la gente cree que cambiar no significa volver atrás, sino avanzar hacia un lugar más seguro, más justo, más libre y más digno.

La coalición, entonces, no debe ser el punto de partida. Debe ser la consecuencia de una política reconstruida. Porque la democracia no se salva sumando siglas. Se salva cuando las fuerzas políticas vuelven a representar algo.