2027: la elección del equilibrio

“Conservar lo que sirve, corregir lo que falla y equilibrar el poder para avanzar.”

Las elecciones no se ganan únicamente el día en que se cuentan los votos. Se ganan —o se pierden— mucho antes, en la manera en que una sociedad interpreta su pasado, comprende su presente e imagina su porvenir. Quien consigue ordenar esos tres tiempos dispone de una ventaja formidable: convierte su versión de la historia en sentido común, sus decisiones de gobierno en destino colectivo y su permanencia en el poder en la única continuación aparentemente posible.

Morena ha sabido hacerlo. Construyó un relato sencillo y poderoso: ellos dicen: “antes de su llegada sólo existían abandono, privilegios y corrupción; a partir de 2018 comenzó la recuperación moral de la República”, y cualquier alternativa representa el regreso de aquello que el país decidió dejar atrás. Esa narración no es falsa en todo: recoge agravios verdaderos, abusos comprobables y una ruptura real entre amplios sectores de la sociedad y las élites políticas que gobernaron durante décadas. Su eficacia proviene precisamente de esa base de verdad. Pero una verdad parcial, cuando pretende convertirse en explicación total, termina deformando la historia y clausurando el futuro.

La oposición no modificará la correlación de poder en 2027 si sólo acumula denuncias, celebra los errores del gobierno o espera que el desgaste produzca por sí mismo una mayoría alternativa. Tampoco lo hará si ofrece como horizonte la restauración de un pasado que la sociedad ya juzgó. Necesita algo más difícil: una interpretación generosa y crítica de nuestra historia, una autocrítica creíble sobre sus propias responsabilidades y una razón positiva para que millones de personas —incluidas muchas que votaron por Morena— decidan que al país le conviene distribuir de otra manera el poder.

Ésa es la tesis de este ensayo: la elección de 2027 no debe presentarse como una revancha contra la llamada Cuarta Transformación, sino como la elección del equilibrio. No se elegirá Presidente de la República. Se decidirá si el gobierno debe conservar una mayoría legislativa capaz de aprobar buena parte de su agenda sin contrapesos efectivos o si México necesita una Cámara plural que preserve los derechos sociales, corrija lo que no funciona, fiscalice el uso del dinero público y obligue al poder a explicar, dialogar y acordar.

I. México no pertenece a una sola transformación

La aspiración de construir un país mejor no pertenece a una fuerza política, a una generación ni a un presidente. Esto no significa que todos los gobiernos hayan sido iguales, que hayan perseguido los mismos fines o que sus errores deban relativizarse. Los proyectos nacionales han diferido profundamente en prioridades, métodos, beneficiarios, resultados y costos. Algunos gobiernos ampliaron libertades; otros las restringieron. Algunos edificaron instituciones perdurables; otros las debilitaron. Hubo decisiones lúcidas, omisiones graves, corrupción, autoritarismo y también auténtica vocación de servicio.

La afirmación defendible no es que todos hicieron lo mismo, sino que nadie posee el monopolio del propósito nacional. Los gobiernos deben ser juzgados no sólo por sus intenciones declaradas, sino por los instrumentos que eligieron, los resultados que produjeron, las instituciones que dejaron y los abusos que permitieron. Ésa es una mirada históricamente más justa y políticamente más fecunda.

El México contemporáneo es una construcción acumulativa. La Constitución de 1917 incorporó derechos sociales extraordinariamente avanzados para su tiempo. El Estado posrevolucionario redujo la fragmentación armada e institucionalizó —bajo reglas autoritarias— la sucesión presidencial; extendió la escuela pública, realizó el reparto agrario, construyó infraestructura y creó instituciones como el IMSS y el ISSSTE. Durante el desarrollo estabilizador hubo crecimiento, urbanización y movilidad social, pero también desigualdad, corporativismo, concentración política y represión. La estabilidad tuvo costos; el crecimiento no alcanzó a todos; el orden fue utilizado demasiadas veces para excluir o silenciar.

Las décadas posteriores tampoco admiten una lectura simple. La expansión financiada con deuda desembocó en la crisis de 1982; la apertura comercial comenzó antes del Tratado de Libre Comercio y se consolidó con él en 1994; la nueva inserción económica multiplicó exportaciones y modernizó sectores productivos, pero distribuyó de manera desigual sus beneficios entre regiones, empresas y trabajadores. Los asesinatos políticos de 1994 revelaron la fragilidad del sistema y la crisis financiera de ese mismo año volvió a imponer un enorme costo social. Hubo modernización y ruptura; integración global y desprotección; estabilización macroeconómica y deudas familiares que tardaron años en sanar.

También la democracia fue una obra gradual y compartida. La reforma política de 1977 abrió el sistema a fuerzas antes excluidas; la creación del IFE en 1990 y la reforma de 1996 fortalecieron la autonomía y la imparcialidad de la autoridad electoral; la competencia local, las luchas de la sociedad civil, la expansión de las libertades, la defensa de los derechos humanos y la alternancia de 2000 fueron capítulos de una transición construida por adversarios. Ningún partido puede atribuirse en exclusiva ese proceso. La democracia mexicana nació de presiones sociales, negociaciones difíciles, concesiones del poder, triunfos opositores y acuerdos capaces de convertir el conflicto en reglas.

II. La transición inconclusa y el reformismo sin mediación social

La alternancia no concluyó la transición: modificó la gramática del poder. Desde que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997, la negociación dejó de ser una excepción y se convirtió en una condición ordinaria para gobernar. El Ejecutivo tuvo que entenderse con el Congreso, los partidos, los gobernadores, los órganos autónomos, los sindicatos y una sociedad cada vez más plural. La lentitud y el desacuerdo no eran necesariamente síntomas de parálisis; eran también el precio democrático de impedir que una sola voluntad volviera a confundirse con la voluntad nacional.

La democracia liberal no elimina las mediaciones. Las hace plurales, visibles, discutibles y reversibles. Entre el individuo y el Estado existen partidos, sindicatos, asociaciones, comunidades, gobiernos locales, medios, tribunales y causas colectivas que traducen necesidades sociales en decisiones públicas. El viejo régimen había subordinado muchas de esas relaciones a un orden corporativo, opaco y desigual. La transición debilitó algunos controles autoritarios, pero no siempre democratizó las mediaciones existentes ni construyó otras capaces de sustituirlas. Ésa fue una de sus grandes tareas inconclusas.

El gobierno de Enrique Peña Nieto representó una inflexión. Su victoria presidencial fue legítima, pero relativa, y el PRI y el PVEM reunían 241 de las 500 diputaciones: las urnas le dieron el gobierno, no una mayoría propia para modificar por sí mismo la arquitectura constitucional del país. El Pacto por México resolvió esa limitación mediante un acuerdo entre el Ejecutivo y las dirigencias del PRI, el PAN y el PRD. Fue, al mismo tiempo, una proeza de eficacia legislativa y una paradoja democrática: desbloqueó decisiones largamente pospuestas, pero desplazó la mediación hacia las cúpulas y redujo la participación social de quienes recibirían los costos y efectos de las reformas.

La crítica más sólida no necesita afirmar, sin una demostración general, que la oposición fue sobornada. Hubo convicción reformista, cálculo partidista, disciplina, presión e intercambios políticos; acusaciones posteriores de compra de voluntades agravaron la sospecha, pero no permiten describir todo el Pacto como un soborno probado. El dato políticamente decisivo es otro: un acuerdo legal entre dirigencias produjo una capacidad de conducción mucho mayor que la fuerza obtenida por el Ejecutivo en las urnas. Se confundió el consenso entre élites con el consentimiento de la sociedad y la velocidad para legislar con la legitimidad para transformar.

Peña Nieto terminó confundiendo modernizar con recentralizar. La reforma educativa modificó el ingreso, la promoción y la permanencia docentes, concentró funciones administrativas y desplazó la interlocución sindical sin construir legitimidad suficiente entre el magisterio. La reforma energética transformó el gobierno de Pemex y retiró al sindicato sus lugares en el consejo de administración. Otras decisiones alteraron equilibrios burocráticos y sectoriales acumulados durante décadas. No desaparecieron maestros, petroleros, sindicatos ni servidores públicos; se debilitaron o reordenaron estructuras que, junto con sus prácticas corporativas y sus abusos, también representaban territorio, identidad y canales de negociación. Era necesario reformarlas. El error fue hacerlo desde arriba y sin reemplazarlas por mediaciones democráticas mejores.

La concentración tampoco fue lineal: varias reformas crearon o fortalecieron reguladores y órganos autónomos que formalmente dispersaron facultades. La contradicción fue más profunda. Mientras algunas competencias jurídicas se descentralizaron, la definición política de la agenda se concentraba en la Presidencia y en unas cuantas dirigencias nacionales. El poder se fragmentaba en el diseño institucional y se recentralizaba en la autoría del proyecto. Había capacidad para producir leyes, pero mucha menos para escuchar a los afectados, explicar los costos y renovar la legitimidad de las decisiones.

Después llegaron los abusos, los escándalos de corrupción y una secuencia moralmente devastadora. Tlatlaya, Ayotzinapa y la Casa Blanca dejaron de percibirse como episodios aislados y empezaron a leerse como pruebas de la distancia entre el gobierno y la sociedad. Ayotzinapa no volvió verdadera cualquier acusación contra el Estado, pero sí hizo verosímil una interpretación estructural: la de un poder incapaz de proteger, investigar y decir la verdad. Las graves irregularidades, torturas y actos de encubrimiento documentados en la investigación quebraron la credibilidad de la llamada “verdad histórica” y, con ella, buena parte de la autoridad moral desde la cual el gobierno había defendido su modernización.

López Obrador consiguió entonces reunir bajo un solo liderazgo el sentido de agravios que hasta ese momento caminaban separados. Morena no inventó la inconformidad de los maestros, la defensa del patrimonio energético, el reclamo de las víctimas, el hartazgo por la corrupción ni la fatiga frente a una tecnocracia distante. Los condensó en una interpretación moral, les dio un adversario común y los convirtió en organización territorial. La elección de 2018 no fue una irrupción inexplicable: fue también el resultado del colapso de viejas mediaciones, de la deslegitimación del reformismo y de la capacidad de un líder para presentarse como intérprete de luchas muy distintas.

La política social tiene una historia igualmente extensa. El Programa Nacional de Solidaridad atendió desde 1988 necesidades de infraestructura y pobreza, aunque fue cuestionado por su discrecionalidad y uso político. Progresa comenzó en 1997 y después se convirtió en Oportunidades y Prospera, articulando transferencias focalizadas con educación, salud y alimentación. El Seguro Popular nació en 2003. La Ciudad de México puso en marcha en marzo de 2001 su pensión alimentaria para adultos mayores y la convirtió en derecho legal en 2003; la federación siguió una ruta distinta, primero con esquemas focalizados y después con el programa 70 y Más, creado en 2007 para localidades rurales. No fueron programas idénticos ni surgieron al mismo tiempo, pero todos forman parte de la evolución de la protección social mexicana.

Por eso es correcto afirmar que los apoyos a la población no fueron inventados por la 4T. Sería incorrecto, sin embargo, negar lo que ésta cambió. El actual movimiento desplazó el centro de gravedad desde programas predominantemente focalizados y condicionados hacia transferencias más amplias, dirigidas a grupos definidos por edad, discapacidad o condición estudiantil y, en varios casos, universales. Además, convirtió su política social en el núcleo de una identidad política y en una relación directa entre el gobierno federal y millones de personas.

La frase “por el bien de todos, primero los pobres” pertenece al vocabulario político de López Obrador, pero el principio de justicia social que expresa es mucho más antiguo: está en el constitucionalismo social, en las luchas obreras y campesinas, en la educación pública, en la seguridad social y en numerosas políticas impulsadas por gobiernos de signos distintos. Morena puede reclamar el mérito de haber renovado y dado centralidad a ese principio; no puede reclamar su propiedad histórica.

La 4T tampoco puede colocarse por decreto a la altura de la Independencia, la Reforma y la Revolución. Aquellos procesos alteraron durante largos periodos el fundamento jurídico del Estado, la relación entre poderes, la estructura de la propiedad y la definición misma de la nación, y estuvieron acompañados por guerras, constituciones y rupturas de enorme profundidad. Llamarse “Cuarta Transformación” es una hipótesis política eficaz; que la historia la reconozca como una transformación de esa magnitud dependerá de sus resultados y del juicio de las generaciones futuras.

III. Reconocer los avances para poder discutir los límites

Una oposición que niegue todo lo ocurrido desde 2018 perderá credibilidad antes de iniciar la campaña. La expansión y constitucionalización de transferencias, la recuperación del salario mínimo, varias reformas laborales y la prioridad discursiva otorgada a la desigualdad son hechos que deben reconocerse. La medición oficial más reciente exige, además, abandonar afirmaciones que ya no resisten la evidencia: entre 2016 y 2024 la pobreza multidimensional pasó de 43.2 a 29.6 por ciento y la pobreza extrema de 7.2 a 5.3 por ciento. El propio INEGI estimó que, sin transferencias de programas sociales, la pobreza habría sido mayor. Esos resultados son socialmente relevantes y cualquier proyecto alternativo debe partir de ellos, no intentar borrarlos.

Reconocer no significa renunciar a la crítica. El mismo informe muestra la complejidad del balance: en 2024, 44.5 millones de personas —34.2 por ciento de la población— presentaban carencia de acceso a servicios de salud, frente a 15.6 por ciento en 2016, aunque hubo una mejoría respecto de 2022; 62.7 millones carecían de seguridad social. Una transferencia monetaria puede aliviar el ingreso, pero no sustituye un médico, una escuela que garantice aprendizaje, una policía confiable, agua potable, cuidados, vivienda ni empleo formal. La política social es indispensable; no es suficiente.

Éste debe ser uno de los desplazamientos conceptuales de la nueva narrativa: dejar de enfrentar “programas sociales” contra “instituciones” y explicar que ambos se necesitan. El ingreso protege el consumo inmediato; los servicios públicos construyen capacidades y movilidad. La transferencia compensa una carencia; la educación, la salud, la seguridad y el crecimiento pueden impedir que esa carencia se reproduzca. La verdadera alternativa no consiste en quitar apoyos, sino en convertirlos en un piso de derechos y acompañarlos con un Estado que funcione.

Los programas sociales se financian con contribuciones y recursos de toda la nación. Por ello constituyen derechos de quienes los reciben, no patrimonio del partido que temporalmente los administra. La oposición debe asumir un compromiso explícito, verificable y sin ambigüedades: preservarlos, garantizar su financiamiento, impedir su condicionamiento electoral y mejorarlos mediante padrones transparentes, evaluación pública y atención reforzada a quienes padecen pobreza extrema o múltiples carencias.

IV. Morena ocupó y rearticuló las mediaciones

Morena comprendió el vacío mejor que sus adversarios. Su paradoja consiste en que, mientras proclamaba el fin de los intermediarios, construyó una intermediación propia: federal, directa, individualizada, centralizada y territorial. Las transferencias sin intermediarios, los Servidores de la Nación, la red del Banco del Bienestar, la organización partidista y la palabra presidencial quedaron integrados en un mismo circuito. Así, una prestación pública podía convertirse en presencia cotidiana del gobierno y cada beneficio podía ser narrado como restitución de un derecho antes negado.

También reparó agravios concretos. La reforma educativa de 2019 desvinculó la evaluación docente de la permanencia, dejó sin efecto actos de la legislación anterior que la hubieran afectado y reconoció constitucionalmente a maestras y maestros como agentes fundamentales; no eliminó la selección, la evaluación ni la rectoría del Estado, pero recompuso parcialmente una relación que el peñismo había fracturado. La recuperación del salario mínimo fue todavía más contundente: pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 315.04 en 2026 y, de acuerdo con la Conasami, acumuló una recuperación real superior a 150 por ciento. Ese avance benefició sobre todo a la base salarial y no a todos los trabajadores por igual, pero alteró una historia de décadas de contención de los ingresos más bajos.

Las basificaciones y regularizaciones de decenas de miles de trabajadores sanitarios y las mejoras concentradas en los rangos inferiores del servicio público emitieron otras señales materiales de reconocimiento. Tampoco fueron una reparación uniforme: la austeridad suprimió puestos, prestaciones y capacidades en diversas áreas, y las carencias del sistema de salud siguieron siendo enormes. El balance riguroso debe sostener las dos realidades. Morena atendió reclamos laborales específicos y, al mismo tiempo, dejó problemas estructurales sin resolver.

Allí radica una parte esencial de su hegemonía. Sus respuestas son parciales frente a problemas extraordinariamente complejos, pero radicales en su significado político. Una transferencia no sustituye un servicio de salud; el aumento salarial no resuelve la informalidad ni la baja productividad; la reparación del agravio magisterial no constituye por sí sola una política educativa. Sin embargo, cada medida ofrece reconocimiento, ingreso o pertenencia y puede incorporarse a una explicación histórica sencilla: antes el Estado no veía a la gente; ahora comienza a verla.

Morena no democratizó plenamente las mediaciones: las rearticuló bajo una nueva centralidad presidencial y partidista. Sustituyó intermediarios tradicionales, pero personalizó el crédito por derechos financiados con recursos públicos; reconoció causas sociales, pero subordinó buena parte de su interpretación a una sola voz. Ésa es su fortaleza y también su límite. La alternativa no podrá responder negando los beneficios ni regresando al viejo corporativismo. Tendrá que ofrecer una mediación más completa: derechos con instituciones, ingreso con servicios, representación con autonomía, capacidad de gobierno con límites y presencia territorial con ciudadanía libre.

V. La oposición debe dejar de pelear con el elector

La corrupción no tiene un solo domicilio partidista. Ha atravesado administraciones, regiones, colores y generaciones. Los cambios de partido en el gobierno no han bastado para desmontar redes de privilegio, impunidad y captura institucional. Para algunos, la política se convirtió en negocio; para otros, en protección para actuar como delincuentes. Hubo enriquecimiento inexplicable, frivolidad, desprecio por las comunidades, complicidades con poderes legales e ilegales y una distancia cada vez mayor entre representantes y representados.

La oposición carga con una parte de esa historia. Muchas de sus dirigencias abandonaron el territorio, sustituyeron la militancia por acuerdos de cúpula, distribuyeron candidaturas como patrimonio de grupos y confundieron conocimiento técnico con superioridad moral. En demasiados lugares sólo regresaron a las comunidades durante las campañas. Por eso no basta con denunciar que Morena incurre en prácticas que antes condenaba. La ciudadanía puede aceptar esa crítica y, al mismo tiempo, preguntarse por qué habría de confiar de nuevo en quienes no han explicado sus errores.

La autocrítica no debe ser un acto ritual ni una confesión abstracta. Tiene que producir consecuencias: métodos transparentes para seleccionar candidaturas; impedimentos reales para postular personas vinculadas con corrupción o delincuencia; apertura a liderazgos comunitarios; declaraciones patrimoniales y de intereses; compromisos públicos de rendición de cuentas; y capacidad para retirar respaldo político cuando aparezcan pruebas graves. La ética no puede seguir siendo una frase de campaña. Debe convertirse en una forma de organización.

También es necesario dejar de insultar al ciudadano que votó por Morena. Tratarlo como engañado, comprado, ignorante o dependiente de una transferencia sólo refuerza su identidad con el oficialismo. Millones de personas apoyaron a la 4T por razones comprensibles: hartazgo ante la corrupción, deseo de reconocimiento, identificación con un liderazgo, mejoría de su ingreso, rechazo a las élites o esperanza de justicia. Una nueva mayoría no se construirá humillando esas razones, sino demostrando que ahora puede tomarse una decisión diferente sin renunciar a lo que se considera valioso.

Una parte del electorado decisivo de 2027 no necesita convertirse en adversaria absoluta de Morena. Puede llegar a una conclusión más sencilla: ningún gobierno necesita tanto poder para gobernar bien. Puede conservar los programas que aprecia, reconocer los avances alcanzados y, al mismo tiempo, votar por una Cámara que obligue a corregir errores. No es necesario pedirle que se arrepienta de su voto anterior; hay que ofrecerle un nuevo mandato para una nueva circunstancia.

Las contradicciones del gobierno han debilitado su pretensión de superioridad moral, pero no la han destruido. Morena conserva cohesión, recursos de poder, presencia territorial y una narrativa que vincula su permanencia con la defensa del pueblo. Por eso el desgaste del oficialismo no se transformará automáticamente en fuerza opositora. La soberbia de unos no corrige la falta de credibilidad de los otros. Entre ambas todavía existe una ciudadanía que exige una razón para volver a participar.

VI. 2027 no elegirá Presidente: elegirá límites

El eje de la campaña no debe ser “Morena contra la oposición”, “izquierda contra derecha” ni “pueblo contra élites”. La nueva disyuntiva es más democrática y más amplia:

concentración o equilibrio; obediencia legislativa o deliberación; propaganda o resultados; lealtad personal o instituciones; centralismo o federalismo; continuidad sin correcciones o continuidad con responsabilidad.

En 2027 no estará en juego la Presidencia. La ciudadanía no tendrá que revocar el mandato del gobierno ni negar por completo el proyecto que ganó en 2024. Decidirá otra cosa: cuánto poder legislativo conviene otorgarle durante la segunda mitad del sexenio.

La Cámara de Diputados no es un adorno del Ejecutivo. Aprueba cada año el Presupuesto de Egresos, revisa la Cuenta Pública, fiscaliza por medio de la Auditoría Superior de la Federación, participa en la elaboración de las leyes y forma parte del poder revisor de la Constitución. Modificar su correlación interna no equivale a paralizar al país. Significa obligar al gobierno a justificar prioridades, negociar recursos, escuchar a estados y municipios, aceptar modificaciones y someter sus decisiones a mayor escrutinio.

Una oposición responsable debe comprometerse también a no convertir el contrapeso en sabotaje. La promesa debe ser muy clara: aprobar lo que beneficie al país, corregir lo insuficiente, impedir lo abusivo y construir acuerdos cuando sean necesarios. El equilibrio democrático no consiste en que nadie pueda gobernar, sino en que nadie pueda decidirlo todo.

VII. La aritmética electoral: voto nacional y territorio

Con las reglas constitucionales vigentes al cierre de agosto de 2026, la Cámara se integra con 500 diputaciones: 300 se eligen por mayoría relativa en distritos uninominales y 200 por representación proporcional en cinco circunscripciones. Para acceder a la distribución proporcional, un partido debe obtener al menos 3 por ciento de la votación válida emitida; ningún partido puede tener más de 300 diputaciones ni exceder, salvo la excepción prevista para triunfos distritales, en más de ocho puntos su porcentaje de votación nacional emitida. El proceso federal inicia el 10 de septiembre de 2026 y la Constitución establece que las leyes electorales deben promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de su inicio y no pueden sufrir modificaciones legales fundamentales durante el propio proceso. Por ello, el sistema 300/200 constituye hoy el marco de planeación disponible para 2027, aunque deberá revisarse ante cualquier reforma constitucional o criterio posterior de las autoridades electorales.

El resultado de 2024 demuestra por qué no basta con crecer en las encuestas nacionales. Los partidos de la coalición gobernante obtuvieron conjuntamente 54.7 por ciento del total de sufragios emitidos para diputaciones —56.85 por ciento del voto válido—, pero ganaron 256 de los 300 distritos de mayoría, equivalentes a 85.3 por ciento. Después de la asignación proporcional alcanzaron 364 de las 500 curules, 72.8 por ciento de la Cámara. La oposición tradicional ganó 42 distritos, Movimiento Ciudadano uno y una candidatura independiente otro.

La Cámara no reproduce mecánicamente el porcentaje nacional de votos porque su diseño combina representación proporcional y victorias territoriales. Un voto alternativo muy numeroso, pero dividido o disperso, puede producir pocas diputaciones de mayoría. Sin embargo, este dato no autoriza a suponer que toda división resta ni que toda unidad suma. El elector no es intercambiable. Su voto está arraigado en historias partidistas, identidades políticas, liderazgos locales, agravios, afinidades y rechazos que no pueden trasladarse por decisión de una dirigencia. Una candidatura única puede agregar fuerzas en un distrito y destruirlas en otro. La aritmética establece restricciones y descubre oportunidades; no define por sí sola la política ni decide quién puede representar a quién.

Por eso “ganar 2027” debe definirse con precisión. Hay al menos tres metas:

1. Recuperar una minoría capaz de bloquear reformas constitucionales en la Cámara. Si asistieran los 500 integrantes, 167 diputaciones cohesionadas bastarían para impedir que las otras 333 alcanzaran los dos tercios requeridos. En 2024, las fuerzas no pertenecientes a la coalición gobernante, incluida la diputación independiente, sumaron 136 curules: el primer objetivo supone una ganancia neta de al menos 31. 2. Quitar al bloque gobernante la mayoría absoluta. Para que ninguna coalición oficialista disponga de 251 votos propios, tendría que bajar de las 364 curules obtenidas en 2024 a 250 o menos: una pérdida neta de al menos 114 escaños. 3. Construir una mayoría alternativa. Alcanzar 251 diputaciones permitiría conducir la Cámara, aprobar el presupuesto con otra lógica, encabezar sus órganos y formar un contrapeso estable. Bajo el sistema mixto actual, un ejemplo meramente ilustrativo sería reunir cerca de la mitad de las diputaciones proporcionales —alrededor de cien— y ganar aproximadamente 151 distritos. La asignación real depende del voto de cada partido, los convenios de coalición, los umbrales y los límites constitucionales, pero el ejemplo deja clara la escala: una mayoría alternativa exige ganar un número cercano a la mitad de los distritos, además de sostener una votación proporcional robusta. Esa mayoría no requiere necesariamente una coalición electoral nacional previa. Puede formarse con partidos que compitan por separado, preserven su identidad y, después de la elección, converjan públicamente en la Cámara alrededor de una agenda de equilibrio democrático. Existe un antecedente que muestra que el equilibrio es posible: en la elección intermedia de 2021, Morena, PVEM y PT obtuvieron en conjunto 278 diputaciones, mientras PAN, PRI y PRD sumaron 199 y Movimiento Ciudadano 23. La elección presidencial de 2024 alteró radicalmente esa relación. Esto demuestra que las elecciones intermedias tienen una lógica propia y que una ciudadanía que elige Presidente también puede, tres años después, redistribuir el poder legislativo.

VIII. Cómo se construye una mayoría en 2027

Una narrativa nacional sin organización territorial es literatura. Una estructura territorial sin narrativa común es administración de la derrota. Para convertir votos en curules, ambas dimensiones deben encontrarse en una estrategia coherente.

1. Una idea sencilla que pueda repetirse en todo el país

La campaña necesita una promesa reconocible: conservar lo que sirve, corregir lo que falla y equilibrar el poder para avanzar. Esa formulación protege al elector frente al miedo de perder derechos, diferencia a la alternativa de una restauración y explica la utilidad concreta de votar por diputaciones distintas al gobierno.

No se trata de afirmar que todo está mal, sino de demostrar que ninguna obra social justifica la concentración del poder y que reconocer avances no obliga a aceptar errores, abusos o insuficiencias.

2. Una garantía nacional de derechos sociales

Antes de pedir el voto, las fuerzas alternativas deben suscribir un compromiso común: ninguna pensión, beca o apoyo social será eliminado; se garantizará su suficiencia presupuestal; se prohibirá su condicionamiento partidista; y se complementarán con salud, educación, cuidados, vivienda y políticas de empleo. Esa garantía debe ser pública, jurídicamente viable y compartida por todos los candidatos.

Este compromiso no exige una coalición electoral nacional ni un programa único. Es un mínimo democrático que cada partido puede asumir desde su propia historia, lenguaje y base social. La coincidencia sobre los derechos no debe borrar las diferencias sobre economía, seguridad, federalismo, educación o forma de gobierno. La pluralidad partidista no es un obstáculo que deba suprimirse para competir: es parte de la representación que se busca restaurar.

Parte de la ventaja de Morena descansa en la percepción de que una alternancia pondría en riesgo los apoyos. Mientras esa sospecha no sea despejada con hechos y compromisos, cualquier crítica económica o institucional será interpretada como amenaza social.

3. Una agenda de futuro, no sólo un memorial de agravios

La Cámara se gana explicando para qué se quiere. La mayoría alternativa debe comprometerse con un programa legislativo breve y verificable. Sus ejes pueden ser: reducir la impunidad y fortalecer policías, fiscalías y prevención; reconstruir el acceso efectivo a la salud; colocar el aprendizaje, la formación docente y el uso responsable de la inteligencia artificial en el centro de la educación; atender la crisis del agua; generar energía suficiente y sostenible; aprovechar la relocalización productiva con infraestructura y empleo digno; construir un sistema nacional de cuidados; y devolver capacidades reales a estados y municipios.

La oposición no puede ofrecer únicamente límites al gobierno. Debe ofrecer capacidades para el país.

4. Volver al territorio: cuerpo a cuerpo y distrito por distrito

A más de un cuarto de siglo de la alternancia de 2000, México sigue a mitad del trayecto democrático, no por una cuenta cronológica, sino porque la democratización cotidiana del poder permanece inconclusa. La primera transición abrió la competencia, pluralizó el Congreso y volvió posible la alternancia. No consolidó plenamente el Estado de derecho, la rendición de cuentas ni una ciudadanía organizada capaz de limitar al poder todos los días. Los partidos fueron retirándose del territorio, sustituyeron militancia y vínculos comunitarios por campañas mediáticas, encuestas y acuerdos nacionales. Morena ocupó buena parte del espacio que dejaron vacío.

Regresar al territorio con vehemencia no significa restaurar el corporativismo ni reconstruir relaciones clientelares. Significa crear mediaciones democráticas permanentes: representantes arraigados, comités ciudadanos abiertos, acompañamiento de causas locales, formación política, rendición de cuentas y presencia organizada en cada sección electoral. Significa escuchar antes de formular, organizar antes de publicitar y permanecer después de la elección.

La disputa deberá librarse cuerpo a cuerpo, comunidad por comunidad, voto por voto, casilla por casilla y acta por acta. No como una guerra contra el vecino ni como una maquinaria de presión, sino como el método paciente de la democracia liberal: persuadir sin someter, representar sin apropiarse, aceptar la pluralidad y convertir millones de decisiones individuales en una representación nacional verificable.

Cada distrito necesita un diagnóstico propio: comportamiento electoral, participación, fuerza organizativa, reputación de los posibles candidatos, problemas públicos y redes comunitarias. Los 300 distritos deben clasificarse, por lo menos, en tres grupos: los que deben defenderse; los que pueden recuperarse mediante coordinación y una candidatura competitiva; y aquellos en los que es necesario construir presencia para ampliar la frontera electoral.

La estrategia nacional debe fijar metas mensuales de organización, cobertura territorial, representantes de casilla, formación jurídica, comunicación local y contacto comunitario. El territorio no se recupera desde una oficina central ni durante las semanas de campaña. Se construye escuchando, acompañando causas y permaneciendo después de la fotografía.

Además, 2027 no será una sola elección nacional. Coincidirá con procesos locales en 31 entidades y con la renovación de 17 gubernaturas; el bloque gobernante defenderá trece de ellas. La estrategia para la Cámara deberá coordinarse con esas contiendas sin quedar subordinada a pactos locales que sacrifiquen distritos federales competitivos. Cada entidad requerirá una arquitectura propia dentro de un propósito nacional común.

5. Alianzas quirúrgicas: estado por estado y distrito por distrito

El elector no es una ficha que pueda trasladarse de un partido a otro. Los votos pertenecen a los ciudadanos, no a las dirigencias. Un convenio nacional puede sumar formalmente porcentajes, siglas y estructuras y, al mismo tiempo, restar identidad, entusiasmo y credibilidad. Hay electores que acompañarán una candidatura compartida; otros se abstendrán, cambiarán de opción o rechazarán una alianza que contradiga la razón por la cual eligieron a su partido. Por eso sumar resultados anteriores en una hoja de cálculo no equivale a construir una mayoría política.

Las identidades partidistas deben conservarse en el plano nacional. Cada fuerza necesita explicar qué representa, qué propone, a qué tradición responde y por cuáles decisiones aceptará rendir cuentas. La competencia entre alternativas distintas permite que el ciudadano premie, castigue y elija con claridad. Una coalición nacional total correría el riesgo de reproducir el problema que este ensayo ha señalado en el Pacto por México: sustituir la mediación social por un acuerdo entre dirigencias y presentar como consentimiento ciudadano una suma decidida desde arriba.

La coordinación electoral debe ser selectiva, territorial y reversible: alianzas quirúrgicas estado por estado y distrito por distrito, no una coalición uniforme para todo el país. Allí donde las bases sociales sean compatibles, exista una candidatura con arraigo y la convergencia amplíe realmente la participación, un acuerdo puede ser necesario. Allí donde una alianza diluya identidades, transfiera los negativos de un partido a otro, desmovilice a los electores o bloquee una candidatura local competitiva, será preferible competir por separado.

La decisión no debe descansar únicamente en la suma de votos de la elección anterior. Debe considerar al candidato concreto, la disposición real de los electores a acompañarlo, los niveles de rechazo, la fortaleza organizativa de cada partido, la distribución seccional del voto, las causas locales y la posibilidad de sostener después una representación congruente. Los acuerdos deben nacer del territorio, ser transparentes y justificarse públicamente; no funcionar como cuotas asignadas desde una mesa nacional.

La aparición de dos nuevos partidos nacionales, que por ley competirán sin coaligarse en su primera elección federal, vuelve todavía más importante anticipar los efectos de la fragmentación. No se trata de negarles legitimidad, sino de comprender que cada candidatura adicional puede modificar el ganador de un distrito aun sin acercarse a obtener la curul.

6. Candidatos de la comunidad, no propietarios de una cuota

En una elección legislativa, la candidatura puede agregar o destruir valor. Se requieren personas con arraigo, reputación, conocimiento del distrito, capacidad de diálogo y una trayectoria susceptible de escrutinio. Cuando existan varios aspirantes viables deben utilizarse mecanismos transparentes —elecciones internas, encuestas auditables, consultas o procedimientos mixtos— y establecer reglas para cerrar filas después de la selección.

Las listas de representación proporcional también deben recuperar legitimidad. No pueden seguir siendo únicamente refugio de dirigencias. Deben integrar experiencia legislativa, pluralidad regional, especialización, representación social y figuras capaces de sostener públicamente la agenda común.

7. Autocrítica con consecuencias y renovación verificable

No basta con decir “aprendimos”. Hay que demostrarlo. Cada partido y, cuando exista, cada acuerdo electoral local deben publicar criterios de elegibilidad, mecanismos para examinar conflictos de interés, compromisos de transparencia patrimonial, reglas contra el nepotismo y procedimientos rápidos para sustituir candidaturas cuando existan pruebas graves de corrupción, violencia o vínculos criminales.

La nueva narrativa perdería toda fuerza si quienes la representan reproducen las mismas prácticas que denuncia.

8. Convergencia legislativa, no fusión electoral

Es indispensable distinguir una coalición electoral de una mayoría parlamentaria. Los partidos no necesitan aparecer bajo una sola coalición nacional para comprometerse públicamente con lo que harán en la Cámara. Pueden competir con sus propios emblemas, candidaturas, listas, programas y voces y, al mismo tiempo, anunciar un mínimo legislativo compartido: preservar los derechos sociales, defender la pluralidad constitucional, fortalecer la fiscalización, combatir la corrupción, recuperar capacidades de estados y municipios y obligar al Ejecutivo a negociar.

La convergencia debe producirse alrededor de decisiones legislativas verificables, no de una fotografía de dirigentes. Después de la elección, bancadas distintas pueden integrar una mayoría para conducir la Cámara sin renunciar a sus desacuerdos ni fusionarse en una identidad artificial. Este esquema preserva la libertad del elector: sabe por cuál partido vota, qué diferencias respalda y bajo qué compromisos esa fuerza estará dispuesta a cooperar.

Incluso donde resulte conveniente una coalición local, ésta debe ser abierta y limitada a su propósito. Las coaliciones abiertas no funden identidades: cada sigla, militancia, territorio e historia conserva su peso y el voto mantiene su dimensión partidista. El acuerdo democrático no consiste en fingir que todos piensan igual, sino en establecer con claridad en qué asuntos pueden actuar juntos y en cuáles seguirán compitiendo.

9. Una ciudadanía organizada: casilla por casilla y acta por acta

Cada casilla es una pequeña república. En ella, ciudadanas y ciudadanos reciben los votos de sus vecinos, los cuentan públicamente, registran el resultado y entregan un acta que hace posible la representación nacional. Esa operación parece sencilla, pero contiene toda la complejidad moral de la democracia: confiar en reglas comunes, aceptar la pluralidad, impedir abusos y defender pacíficamente la decisión de los demás, incluidos quienes votan por el adversario.

Las elecciones intermedias suelen depender en mayor medida de la capacidad de movilizar a simpatizantes. En 2021 la participación federal alcanzó 52.67 por ciento: fue alta para una elección intermedia, pero menor que en una presidencial. Para competir en 2027 se necesita ampliar la participación ciudadana mediante información, presencia territorial y causas capaces de movilizar, no mediante presión o clientelismo.

Cuidar una casilla y defender un acta son expresiones elementales de los valores liberales: legalidad, igualdad política, límites al poder, alternancia y respeto al resultado. La tarea exige millones de personas no sólo inconformes con el gobierno, sino convencidas de que las reglas deben proteger el voto propio y el ajeno. Sin esa convicción, la defensa electoral se reduce a una estructura de partido; con ella, se convierte en una red cívica nacional. También deben prepararse representantes de casilla, sistemas de recopilación de actas, equipos jurídicos y coordinación entre partidos y ciudadanía. Defender el voto no significa anticipar un fraude; significa asegurar que cada sufragio sea contado y que cada controversia se resuelva dentro de la ley.

IX. La nueva mayoría posible

La victoria de 2027 no nacerá de convencer al país de que nada bueno ocurrió en los últimos años. Nacerá de una proposición más madura: México puede preservar sus avances sin entregar un poder ilimitado; puede sostener los derechos sociales y exigir mejores servicios; puede reconocer la legitimidad de un gobierno y, al mismo tiempo, obligarlo a negociar; puede corregir sin destruir.

La oposición necesita abandonar tanto la rabia como la nostalgia. No le servirá presentarse como una suma de damnificados del poder ni como una élite que espera que la sociedad admita haberse equivocado. Su tarea es ofrecer seguridad social, futuro económico, tranquilidad democrática y representación cercana. Debe demostrar que aprendió que el poder sin territorio es opinión; que el territorio sin credibilidad es maquinaria; y que un acuerdo electoral sin identidad ni propósito es sólo un reparto.

México no necesita sustituir una hegemonía por otra. Necesita impedir que cualquier fuerza se crea propietaria de la nación, de la historia o del pueblo. El gobierno no puede garantizar la felicidad individual, pero sí está obligado a crear condiciones de seguridad, libertad, derechos y dignidad. El Congreso no debe gobernar en lugar del Ejecutivo, pero sí impedir que el Ejecutivo gobierne sin límites.

Ésa puede ser la propuesta para 2027: no retirar, sino completar; no regresar, sino avanzar; no vengarse, sino equilibrar. Decirle a quien votó por Morena que no tiene que negar su historia para tomar una nueva decisión. Decirle a quien se opuso desde el principio que la indignación sólo será útil si se convierte en organización, generosidad y propuesta. Y decirle al país entero que limitar al poder no es una agresión contra el gobierno: es una forma de cuidar la República.

Ganar la Cámara será convertir el pluralismo social en equilibrio democrático: una mayoría que preserve derechos, exija resultados y devuelva al Congreso su función deliberativa.